La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que utilizar recursos públicos para cubrir la alimentación de los diputados durante las sesiones de la Asamblea Legislativa “es improcedente”.
El pronunciamiento se emitió tras una consulta presentada por el Congreso en enero de 2025, motivada por un informe de auditoría interna que advirtió sobre un gasto institucional constante en este rubro.
Según el ente contralor, el pago de comidas con dinero público solo podría autorizarse en situaciones excepcionales, debidamente justificadas, que garanticen la continuidad de un servicio público esencial, siempre bajo principios de necesidad, austeridad y control estricto.
En el caso de la Asamblea Legislativa, la CGR precisó que la compra de alimentos no es válida para cubrir el consumo de diputados, personal ni actividades ordinarias. Únicamente se permitiría en actos protocolarios puntuales o en sesiones extraordinarias de órganos colegiados cuya duración prolongada exija evitar interrupciones.
Además, advirtió que cualquier autorización de este tipo debe evaluarse periódicamente para verificar su necesidad y pertinencia, y suspenderse si existen alternativas más eficientes.
¢27 millones en bocadillos
La auditoría interna del Congreso cuestionó que, solo en 2023, el gasto por este concepto superara los ¢27 millones. El informe reveló que la administración adquirió servicios de alimentación para cinco sesiones de Plenario en mayo de ese año mediante caja chica y sin respaldo contractual, pese a que desde 2019 ya se había advertido que este procedimiento no era válido.
El mismo reporte detectó debilidades en los controles para recibir, pagar y suministrar alimentos y bebidas, lo que impide garantizar un manejo adecuado de los recursos.
Ante el criterio de la CGR, el diputado Alejandro Pacheco, del PUSC, reaccionó:
“Estamos en un país de derecho y si la Contraloría dice que no se puede, debemos acatar la instrucción de inmediato y revisar por qué se tomó esa decisión”.
