Gobierno mantiene en reserva plan de mega cárcel por razones estratégicas y genera debate sobre transparencia
El Poder Ejecutivo determinó que el proyecto de construcción de una nueva mega cárcel, previsto en el plan financiero 2025 y con un presupuesto cercano a los ?7.960 millones, permanecerá bajo reserva. La decisión, según el Gobierno, responde a la necesidad de proteger información estratégica vinculada con la seguridad y el diseño de la infraestructura penitenciaria.
Razones de la confidencialidad
La ministra de Justicia y Paz, Laura Arguedas, sostuvo que el resguardo temporal de la información busca garantizar procesos de contratación internacional más seguros y eficientes.
“La confidencialidad es temporal y se centra en aspectos de seguridad que requieren resguardo para asegurar que las futuras contrataciones cumplan con los estándares internacionales y no se comprometa la integridad del proyecto”, afirmó Arguedas.
El plan, supervisado por la Contraloría General de la República (CGR), contempla que las licitaciones se desarrollen bajo protocolos que impidan la filtración de datos técnicos clave, como sistemas de seguridad, ubicación específica de las áreas más sensibles y tecnología a implementar.
El proyecto en contexto
Esta infraestructura sería la más grande del país, con capacidad para albergar a miles de privados de libertad, y su objetivo principal es descongestionar los centros penitenciarios actuales, muchos de los cuales operan con niveles de hacinamiento superiores al 30%, según datos oficiales del Ministerio de Justicia.
La mega cárcel formaría parte de un plan integral de reforma penitenciaria que incluye mejoras en programas de reinserción social, ampliación de talleres productivos y refuerzo de medidas de seguridad interna y externa.
Críticas y llamados a mayor transparencia
No obstante, el hermetismo ha generado críticas. Organizaciones como ELA Costa Rica consideran que, aunque la protección de datos sensibles es válida, la falta de acceso a información limita el control ciudadano sobre el uso de fondos públicos.
“Entendemos la necesidad de proteger aspectos de seguridad, pero es importante que la ciudadanía tenga acceso a información suficiente para evaluar la inversión y su impacto social”, señaló un vocero de la organización.
Expertos en derechos humanos y en gestión penitenciaria también han advertido que los proyectos de esta magnitud deben balancear la seguridad con mecanismos claros de rendición de cuentas, especialmente considerando que la inversión proviene del erario público.
Próximos pasos
El Gobierno no ha precisado cuándo levantará la confidencialidad, pero aseguró que la información se divulgará de forma progresiva una vez superadas las etapas críticas de licitación y adjudicación. Mientras tanto, el tema seguirá en el centro del debate público, dividiendo opiniones entre quienes defienden la estrategia por motivos de seguridad y quienes reclaman mayor apertura en la toma de decisiones.
