Sala Constitucional analiza recurso contra veto a computadoras y celulares en cárceles
San José. – La Sala Constitucional admitió para estudio un habeas corpus que cuestiona la directriz del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) que prohíbe el ingreso de abogados a las cárceles con dispositivos electrónicos como celulares y computadoras.
El recurso fue planteado por una defensora pública especializada en delincuencia organizada y quedó registrado bajo el expediente 25-022812-0007-CO, confirmó la oficina de prensa del alto tribunal.
El caso que detonó el recurso
La abogada representa a un hombre en prisión preventiva en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela. Según su alegato, la restricción atenta contra el derecho de defensa, pues el expediente judicial que enfrenta su cliente es totalmente digital y solo puede revisarse con apoyo tecnológico.
Antes de la prohibición, ambos analizaban la causa —que suma más de 6.700 folios y abundante prueba electrónica— utilizando una computadora de la Corte Suprema de Justicia. La defensora asegura que ahora el imputado no puede acceder a la información necesaria para preparar su estrategia, lo que compromete la justicia del proceso.
Lo que pide el habeas corpus
El recurso solicita que se levante la restricción específicamente en lo relativo a la defensa técnica, y que se implementen controles razonables que equilibren la seguridad penitenciaria con el ejercicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad.
Rechazos previos y contexto legal
Aunque la Sala recibió otros dos recursos contra la misma medida, estos fueron rechazados por falta de casos concretos que demostraran afectación directa.
La polémica norma proviene de la directriz DGAS-01-07-2025, emitida el 30 de julio por la Dirección General de Adaptación Social, en aplicación de la reforma al artículo 257 quáter del Código Penal, vigente desde abril, que tipifica como delito el ingreso de dispositivos de comunicación a centros penitenciarios.
El Ministerio de Justicia ha reiterado que la restricción no solo aplica para abogados, sino también para funcionarios públicos, proveedores, voluntarios y cualquier persona que deba ingresar a los 25 penales cerrados del país.
Asimismo, la cartera advirtió que, si se detecta un incumplimiento, la Policía Penitenciaria deberá coordinar con el Ministerio Público para aplicar las sanciones correspondientes.
