La regidora Luisa Chacón solicitó al Concejo Municipal de San Carlos un informe actualizado sobre el proceso judicial que involucra al exalcalde Alfredo Córdoba Soro, investigado por presuntas irregularidades en la construcción de la pista atlética del Estadio Carlos Ugalde Álvarez y otras obras deportivas financiadas con fondos públicos.
Chacón también planteó la necesidad de crear una comisión especial que dé seguimiento al caso, pues considera que en los tribunales se ventilarán hechos que podrían evidenciar un presunto acto de corrupción con impacto directo en las finanzas municipales.
“Estamos hablando de fondos públicos, de dinero que pertenece al pueblo sancarleño. Por eso necesitamos claridad sobre lo que está pasando en este proceso y sus eventuales consecuencias”, dijo la regidora.
Juicio será en septiembre
El II Circuito Judicial de San José, sede de Hacienda y Función Pública, confirmó que el juicio contra Córdoba se llevará a cabo del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025.
La Fiscalía acusa al exalcalde por el delito de Pago Irregular de Contratos Administrativos, aunque la investigación también apunta a conductas relacionadas con peculado, debido a presuntos pagos adelantados sin sustento legal ni técnico.
De comprobarse, Córdoba podría enfrentar sanciones establecidas en el artículo 361 del Código Penal, que castiga el peculado con penas de 3 a 12 años de prisión, dependiendo del daño causado al erario público.
En este proceso también está imputado el empresario Melvin Salas Rodríguez, señalado por el delito de incumplimiento de deberes.
Reclamo del ICODER y obras inconclusas
El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) reclama a la Municipalidad de San Carlos la suma de ¢928 millones, correspondientes a obras inconclusas o mal ejecutadas, entre ellas la pista atlética del Polideportivo de San Carlos (Balneario), que no fue recibida conforme a las especificaciones técnicas, presenta deterioro y carece de justificación completa en su ejecución.
La denuncia penal fue presentada el 7 de noviembre de 2016, después de que el alcalde incumpliera el Convenio 290-04-2014, mediante el cual el ICODER transfirió ¢1.300 millones para infraestructura de los Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015.
El ICODER señaló pagos adelantados a la empresa Constructora Presbere S.A., ausencia de informes de avance, liquidaciones con inconsistencias y justificaciones débiles para los retrasos, atribuidos a condiciones climáticas.
Tanto la entonces ministra del Deporte, Carolina Mauri, como la directora del ICODER, Alba Quesada, fueron críticas con la gestión del alcalde en la ejecución del convenio.
Pasado judicial de Alfredo Córdoba
El exalcalde sancarleño, quien ocupó la alcaldía durante cinco periodos, ha sido una figura influyente en el cantón, pero también ha estado rodeado de polémicas judiciales:
- En 2008, fue investigado por presunto tráfico de influencias y nombramientos irregulares, aunque el caso no prosperó.
- En 2012, enfrentó denuncias por uso indebido de recursos municipales en campaña política, que tampoco llegaron a juicio.
- En 2021, fue incluido en el caso Diamante, donde se investigaba a varios alcaldes del país por favorecer a empresas constructoras a cambio de beneficios. En ese proceso, Córdoba fue suspendido seis meses de su cargo como medida cautelar.
El juicio programado para septiembre es considerado el proceso judicial más avanzado en su contra y podría tener consecuencias legales más severas que las anteriores.
Próximas audiencias
El debate oral, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, incluirá la presentación de testigos técnicos, informes del ICODER, prueba documental y las declaraciones de los imputados.
La ciudadanía sancarleña y las autoridades nacionales estarán atentas a un caso que pone bajo la lupa la fiscalización de los fondos públicos en gobiernos locales y el impacto de la corrupción en proyectos de desarrollo deportivo y comunitario.
? En resumen: La regidora Luisa Chacón exige transparencia en el caso de la pista atlética de San Carlos, cuyo juicio contra el exalcalde Alfredo Córdoba arrancará en septiembre. El proceso judicial, originado en una denuncia del ICODER por casi ¢1.000 millones, representa uno de los mayores escándalos de presunta corrupción municipal en la Zona Norte.
