Especialistas en crimen organizado y autoridades judiciales advierten sobre el surgimiento de una modalidad de legitimación de capitales a través de influencers y creadores de contenido digital, detalla un artículo de Diario Extra
La masificación de las redes sociales y los mecanismos de monetización en plataformas virtuales se han convertido en un terreno fértil para que organizaciones criminales canalicen dinero ilícito, ya sea con la participación consciente de los generadores de contenido o sin que estos lo noten.
Cómo funciona el esquema
El experto Adrián Quesada, especialista en Estupefacientes y Crimen Organizado, detalla que el proceso de lavado digital mantiene las fases tradicionales:
- Colocación: el dinero ilícito ingresa disfrazado de donaciones, suscripciones, patrocinios inflados o pagos en criptomonedas.
- Estratificación: se ocultan los rastros mediante conversiones a monedas virtuales, transferencias entre billeteras digitales o empresas pantalla.
- Integración: los fondos reaparecen como bienes de lujo, inversiones o ingresos aparentamente legítimos.
En algunos casos, se crean compañías ficticias de “marketing digital” que contratan a influencers con campañas mínimas, pero les pagan montos desproporcionados. Parte de esos recursos luego retorna a las redes criminales mediante operaciones simuladas.
Bots y seguidores falsos como fachada
La criminóloga Tania Molina advierte que estas prácticas suelen ir acompañadas de granjas de bots que inflan seguidores e interacciones. Esto permite justificar altos ingresos ante marcas, empresas fantasmas o incluso estructuras políticas.
“No es un fenómeno aislado; el crimen organizado y hasta la política recurren a estas estrategias para legitimar tanto recursos como narrativas”, indicó Molina.
Casos fuera del país
La problemática ya ha dejado huella internacional. En Turquía, varios influencers fueron arrestados en 2023 por lavar millones con facturas falsas. En Estados Unidos, el nigeriano Ray Hushpuppi fue condenado a 11 años de cárcel por legitimar cerca de 15 millones de dólares obtenidos mediante estafas.
Situación en Costa Rica
En territorio nacional, la Ley 8204 establece penas de entre 8 y 20 años de prisión por legitimación de capitales, con agravantes si existe participación de estructuras criminales. Las investigaciones en esta materia involucran al OIJ, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, la SUGEF y otras instancias de control.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, reconoce que aún no hay un fenómeno de gran escala documentado en Costa Rica, pero sí señales que preocupan: transmisiones en vivo vinculadas a crímenes, perfiles con movimientos financieros desproporcionados y uso intensivo de criptomonedas o recompensas virtuales para mover capitales.
