Restricciones en Darién y políticas migratorias en EE. UU. impulsan el retorno de miles de migrantes hacia el sur
El tránsito irregular hacia el norte por la selva del Darién, Panamá, se redujo en un 97% entre enero y agosto de 2025. Sin embargo, ese descenso en el flujo migratorio contrasta con un fenómeno creciente: más de 14.000 personas han emprendido la ruta inversa desde Estados Unidos y México hacia el sur del continente.
De acuerdo con un informe elaborado por las Defensorías del Pueblo de Colombia, Panamá y Costa Rica, con apoyo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, esta dinámica se ve agravada por la suspensión de fondos de cooperación internacional, lo que ha limitado la asistencia humanitaria y dejado sin protección a miles de migrantes.
Riesgos en el retorno
El reporte advierte que quienes deciden regresar enfrentan mayores niveles de violencia y vulnerabilidad. Entre los riesgos señalados figuran trata de personas, tráfico ilícito, violencia de género, discriminación y abusos de redes criminales que controlan la migración inversa en la región.
Muchos de los migrantes quedan varados durante semanas o meses en países de tránsito por falta de recursos, lo que los expone a explotación laboral y sexual. En total, se realizaron 182 entrevistas para la elaboración del informe: 24 en Costa Rica, 67 en Panamá y 91 en Colombia, con el fin de comprender rutas, costos, motivos del retorno y las múltiples violencias que enfrentan.
Motivos del regreso
Entre las razones del retorno forzado destacan el endurecimiento de la política migratoria estadounidense (46%), la imposibilidad de ingresar a ese país (49%), el temor a la deportación (17%) y la falta de recursos para continuar el viaje (34%). También influyen la inseguridad y abusos durante el tránsito (27%) y la carencia de asistencia en ruta (4%).
Obstáculos de acceso a la justicia
El monitoreo evidenció que ni en Colombia, ni en Panamá ni en Costa Rica existen medidas concretas para investigar a las redes de tráfico que operan en la región ni para garantizar justicia a las víctimas de violencia.
Los testimonios recabados señalan extorsiones, detenciones arbitrarias, violencia sexual y abusos físicos, especialmente en Guatemala y México. Además, se detectó un patrón de desinformación y ausencia de mecanismos efectivos de protección internacional.
En Panamá (76%), Colombia (75%) y Costa Rica (42%), la mayoría de las personas que sufrieron violencia no denunciaron los hechos por desconocimiento de sus derechos o falta de instituciones a las cuales acudir.
Recomendaciones
Las Defensorías del Pueblo de los tres países presentaron una serie de propuestas, entre ellas:
- Fortalecer la cooperación regional para monitorear y atender la migración inversa.
- Implementar planes trinacionales de respuesta humanitaria y de acceso a servicios básicos.
- Desarrollar protocolos de atención psicosocial para poblaciones vulnerables como niñez, mujeres gestantes, personas LGBTIQ+ y adultos mayores.
- Garantizar información clara y en varios idiomas sobre opciones de protección y regularización.
- Establecer un protocolo regional para atender a menores no acompañados.
- Asegurar mecanismos de acceso a la justicia y fiscalización de servicios privados de transporte.
El informe concluye que, sin medidas regionales articuladas y sin recursos suficientes para las instituciones de Derechos Humanos, la migración inversa seguirá marcada por abusos, impunidad y vacíos de protección.
