La muerte de dos coligallero atrapados en un túnel revive la verdadera realidad de Crucitas , tierra sin ley.
Constsntes enfrentamientos de mineros con la policía reaviven el debate sobre la gravedad del problema en Crucitas. Una vez más, la zona se convierte en escenario de violencia, tensión social y destrucción ambiental, mientras el Estado costarricense sigue sin asumir con firmeza este conflicto que se arrastra por más de una década.
Tierra de nadie
Durante años, Crucitas ha sido escenario de la extracción ilegal de oro tanto por parte de costarricenses como de nicaragüenses que cruzan la frontera sin control. La región, descrita por vecinos como “tierra de nadie”, ha sido dominada por mafias criminales y redes de contrabando que operan bajo la aparente indiferencia —o complicidad— de las autoridades.
Los problemas se acumulan: contaminación con mercurio y cianuro en fuentes de agua, deforestación, prostitución, tráfico de personas, corrupción policial y violencia armada. Todo ello se ha convertido en una bomba de tiempo que tarde o temprano tenía que explotar.
El oro y la policía en la mira
El propio ministro de Seguridad, Mario Zamora, ha reconocido que en Crucitas la Fuerza Pública mantiene vigilancia permanente, lo que le cuesta al Estado más de ?60 millones al mes. Sin embargo, a pesar de este despliegue, el saqueo del oro continúa sin freno.
Vecinos y especialistas aseguran que existe una red de corrupción que involucra a algunos oficiales, quienes no solo permiten el ingreso de indocumentados nicaragüenses a los túneles, sino que además no rinden cuentas claras sobre el destino del oro decomisado. “Se presume que queda en manos de la misma policía”, denuncian lugareños que piden reserva de identidad.
Emergencia ambiental
El impacto ambiental en la zona es devastador. Toneladas de mercurio y cianuro han contaminado los suelos y los ríos, al punto de dejar a comunidades como Crucitas, Chorreras, El Roble, Chamorro y Valle Verde sin acceso a agua potable segura.
Los análisis del Ministerio de Salud muestran niveles de mercurio diez veces superiores al límite internacional permitido (0,06 mg/L). Esto ha generado temor en las familias que durante meses consumieron agua contaminada sin saberlo.
El mercurio, según la Organización Panamericana de la Salud, afecta directamente el sistema nervioso, inmunológico y digestivo, además de causar daños irreversibles en el desarrollo infantil. El cianuro, por su parte, provoca desde cefaleas y vómitos hasta paro respiratorio y muerte en exposiciones agudas.
Desacato al Poder Judicial
A la crisis ambiental se suma el incumplimiento del Gobierno a sentencias de la Sala Constitucional. En septiembre de 2021, la Sala IV ordenó al MINAE y al Ministerio de Salud elaborar un plan integral para detener la minería ilegal, reparar los daños ambientales, evaluar la magnitud de la contaminación y establecer medidas de seguridad en la zona.
El plazo venció hace más de dos años sin resultados. Por ello, el 3 de febrero de 2024, la Sala volvió a fallar a favor de organizaciones ambientales como FECON, reiterando que el Ejecutivo debía actuar en un plazo máximo de tres meses. La orden incluía estudios de agua, suelos y sedimentos, así como un plan remedial con un cronograma de 18 meses. Hasta hoy, nada de eso se ha concretado.
Una bola de nieve imparable
La realidad es que Crucitas sigue siendo un terreno en disputa. Lo que ayer dejó un coligallero muerto y un nuevo enfrentamiento con la policía no es más que la consecuencia de años de omisión estatal, impunidad y complicidad.
Mientras los coligalleros arriesgan su vida en túneles inestables y contaminan ríos con químicos letales, el oro continúa saliendo rumbo a Nicaragua y al mercado negro internacional. A cambio, las comunidades fronterizas reciben violencia, pobreza, contaminación y abandono.
Lo de ayer no fue un hecho aislado: es apenas una muestra de una bomba de tiempo que lleva años gestándose en Crucitas. Una bomba que, tarde o temprano, terminará de estallar con consecuencias humanas y ambientales de dimensiones incalculables.
