San José. – El Ministerio de Salud advirtió sobre el preocupante incremento en el uso de vapeadores entre jóvenes costarricenses, luego de la presentación de un estudio elaborado por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), el cual identificó más de 50 sustancias tóxicas en estos dispositivos.
La ministra de Salud, Mary Munive, explicó que, según una encuesta nacional aplicada a jóvenes entre 15 y 19 años, un 12% consumió cigarrillos, tabaco o vapeadores en los últimos 30 días. Además, uno de cada cinco estudiantes expresó su deseo de dejar de utilizarlos.
“Del 2021 al 2025 el consumo de vapeadores se triplicó, pasando de un 4% a un 13%. Hoy, uno de cada siete jóvenes los utiliza, lo que representa un serio problema de salud pública”, alertó Munive.
De acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en lo que va del año se han atendido más de 42 mil personas con complicaciones vinculadas al vapeo.
Medidas en educación
El Ministerio de Educación Pública (MEP) reforzó su estrategia de prevención mediante la revisión de mochilas y pertenencias en centros educativos, y con la propuesta de incluir el vapeo como falta grave en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Esto implicaría una rebaja de 20 puntos en la nota de conducta, superior a la sanción anterior que oscilaba entre 11 y 19 puntos.
“El sistema educativo no puede ser indiferente ante un problema que afecta directamente la salud y el futuro de nuestra juventud. Por eso reforzamos la prevención, la educación y también las sanciones”, señaló el ministro Leonardo Sánchez.
Sustancias nocivas
Los análisis de laboratorio de INCIENSA revelaron que en algunos líquidos de vapeadores la nicotina triplica los niveles permitidos en otros países. También se detectaron compuestos que pueden causar irritación en la piel, daños oculares, somnolencia e incluso lesiones en órganos internos por inhalación continua.
Las autoridades de Salud, Educación e INCIENSA coincidieron en la necesidad de endurecer la regulación sobre estos dispositivos, señalando que representan un riesgo creciente para la población, especialmente para la juventud.
