Debate en la Asamblea Legislativa sobre terrorismo y crimen organizado
En la Asamblea Legislativa, una moción presentada por el Partido Liberal Progresista (PLP) buscaba declarar como organizaciones terroristas a 12 estructuras criminales de carácter internacional.
La iniciativa incluía a: Mara Salvatrucha MS-13, Los Lobos, Los Choneros, La Nueva Familia Michoacana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Soles.
Sin embargo, la moción no prosperó, ya que contó con la oposición del Frente Amplio y de la diputada Dinorah Barquero del Partido Liberación Nacional (PLN).
Argumentos a favor
Los proponentes del PLP señalaron que Costa Rica no está ajena al impacto del crimen organizado y que reconocer a estas agrupaciones como terroristas facilitaría la cooperación internacional en materia de inteligencia, seguridad y persecución de sus redes de financiamiento. También argumentaron que el país necesita herramientas legales más firmes para enfrentar el avance del narcotráfico, que ha tenido repercusiones en el aumento de homicidios y delitos asociados.
Argumentos en contra
El Frente Amplio y la diputada Barquero justificaron su voto negativo indicando que una declaratoria de este tipo debe ser cuidadosamente analizada, para no generar efectos diplomáticos o legales contraproducentes. Además, subrayaron que Costa Rica, como nación sin ejército, debe manejar con cautela este tipo de designaciones, a fin de preservar su tradición de paz y neutralidad en conflictos internacionales.
Contexto
- Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los últimos años Costa Rica ha visto un aumento en la violencia asociada al narcotráfico y a la operación de carteles internacionales que utilizan el país como punto logístico.
- En otras naciones de la región, como El Salvador, Guatemala, México y Colombia, varios de estos grupos ya son catalogados como organizaciones terroristas, lo que permite una respuesta más severa en materia judicial y de cooperación internacional.
La discusión en el Congreso refleja la división de criterios entre fortalecer la seguridad nacional con medidas más drásticas y mantener la línea histórica de neutralidad y respeto al derecho internacional que caracteriza a Costa Rica.
