San Carlos, Alajuela. – La jueza tramitadora del Tribunal del II Circuito Judicial de Alajuela, Licda. María Barrientos Montenegro, audiencia ordenó el desalojo de varias familias que habitan en la comunidad de Chorreras de Cutris, ubicada en plena Milla Fronteriza.
La acción judicial fue interpuesta por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que reclama la salida de las familias bajo el argumento de que ocupan terrenos que forman parte de zonas protegidas. Sin embargo, los vecinos cuestionan la medida, pues aseguran que llevan más de tres décadas viviendo en estas tierras, tiempo en el cual incluso el propio Estado ha construido infraestructura pública como una escuela, antenas de comunicación y otros servicios básicos que confirman la consolidación de la comunidad.
Temor y tensión en la comunidad
El desalojo genera preocupación no solo por el desarraigo de las familias campesinas, sino también por el impacto en la seguridad fronteriza.
Chorreras de Cutris ha sido identificado como uno de los puntos estratégicos de ingreso de migrantes nicaragüenses hacia la zona de Crucitas, donde persiste la extracción ilegal de oro. El oro extraído en suelo costarricense suele ser trasladado hacia Nicaragua, en operaciones que, según autoridades, involucran redes del crimen organizado.
Vecinos como Mario Cambronero y el regidor sancarleño Juan Pablo Rodríguez han advertido públicamente que, si el Estado obliga a las familias a abandonar estas tierras, el vacío podría ser aprovechado por extranjeros y grupos irregulares, lo que incrementaría la vulnerabilidad de la frontera norte.
Dichas familias campesinas perderían sus viviendas y tierras tras más de 30 años de arraigo. En cambio, si se reconoce su permanencia, el fallo podría sentar un precedente legal a favor de comunidades fronterizas que han enfrentado durante años la incertidumbre de vivir en terrenos reclamados por el Estado.
Expectativa creciente
Algunos vecinos han manifestado que no tienen a dónde ir en caso de un desalojo y que su vida entera ha estado ligada al trabajo en esas tierras.
“Nosotros hemos hecho aquí nuestra vida, aquí nacieron nuestros hijos y hasta el mismo Gobierno puso escuela y servicios. No entendemos por qué ahora nos quieren sacar”, expresó uno de los vecinos consultados.
