San José, 2 de octubre de 2025. – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, lanzó fuertes críticas contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante su conferencia de prensa semanal, al referirse a la veda publicitaria que entró en vigencia este 2 de octubre, la cual prohíbe a las instituciones públicas difundir propaganda sobre sus logros en medios de comunicación y redes sociales.
Chaves calificó la disposición como una “mordaza” que, según él, limita la posibilidad del Gobierno de comunicar los resultados de su gestión a la ciudadanía. El mandatario cuestionó la pertinencia de una normativa que, en su criterio, “silencia al Ejecutivo” en un momento en que la población tiene derecho a estar informada.
Las declaraciones se dieron después de que el presidente participara en la sesión solemne de convocatoria a elecciones nacionales 2026, celebrada en el TSE, donde se oficializó el inicio del proceso electoral.
Por su parte, el Tribunal defendió la medida, recordando que se trata de una práctica democrática aplicada en Costa Rica desde hace décadas. La veda busca evitar que el Gobierno de turno utilice recursos del Estado para favorecer de manera directa o indirecta a partidos o candidaturas, garantizando así condiciones de equidad en la contienda electoral.
El artículo 136 del Código Electoral establece que, durante el periodo electoral, las instituciones públicas tienen prohibido difundir publicidad que no se relacione con servicios esenciales o campañas de interés público, como vacunación, prevención de desastres o información de emergencia.
El TSE ha insistido en que la restricción no impide a las instituciones brindar información básica sobre trámites y servicios, sino únicamente la promoción de logros o campañas que puedan interpretarse como propaganda.
Las palabras de Chaves se suman a un ambiente político cada vez más tenso con miras a las elecciones del próximo año. Mientras el Gobierno reclama su derecho a informar, el Tribunal sostiene que la veda es una salvaguarda indispensable para mantener la neutralidad del Estado en el proceso electoral.
