Iglesia acoge nueva ley contra el silencio en delitos sexuales y reitera su compromiso con la protección de menores y personas con discapacidad
La Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestó su respaldo a la nueva “Ley contra el silencio en delitos sexuales en perjuicio de la niñez y personas con discapacidad”, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa.
En un comunicado oficial, Mario Segura, vocero de la Conferencia Episcopal, señaló que la Iglesia acoge con respeto y responsabilidad la nueva normativa, la cual busca garantizar que ningún caso de abuso sexual cometido contra menores o personas con discapacidad quede sin denuncia o sin la debida atención de las autoridades.
“Reiteramos nuestro compromiso con el cuidado, la protección y la defensa de la dignidad de toda persona, especialmente de los niños, niñas y personas con discapacidad. La Iglesia promueve una cultura de transparencia y denuncia, en concordancia con el Evangelio y con las leyes del país”, expresó Segura.
La nueva ley, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, obliga a toda persona que tenga conocimiento de un delito sexual cometido contra un menor o una persona con discapacidad a denunciarlo de inmediato ante el Ministerio Público o el OIJ. Quienes incumplan esta obligación se exponen a penas de seis meses a tres años de prisión, según la gravedad del caso y el nivel de responsabilidad del denunciante.
El objetivo de la norma es romper el silencio que por años ha permitido la impunidad de agresores sexuales, especialmente en entornos donde las víctimas dependen de adultos para su protección. También se establece que las instituciones públicas, privadas, religiosas o educativas deben tener protocolos claros de actuación ante denuncias o sospechas de abuso.
Desde la Conferencia Episcopal se destacó que la Iglesia costarricense ha implementado en los últimos años protocolos de prevención y atención de abusos, formación para sacerdotes y agentes pastorales, así como canales de denuncia interna en cada diócesis.
El comunicado concluye reafirmando el llamado a todos los fieles y líderes religiosos a romper el silencio, actuar con transparencia y proteger a los más vulnerables, en sintonía con los valores cristianos y el marco legal del país.
