El Gobierno de la República informó el año pasado que el agua en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos, se encontraba libre de mercurio y apta para el consumo humano, pese a las constantes denuncias sobre la contaminación causada por la minería ilegal que utiliza cianuro y mercurio en los procesos de extracción de oro.
Durante una visita oficial a Chamorro de Cutris el año pasado la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, anunció junto a otras autoridades que los análisis de laboratorio realizados desde noviembre del 2022 mostraban ausencia de mercurio en las fuentes de agua de la comunidad. En la actividad participaron el alcalde de San Carlos, Juan Diego González, el presidente del AyA, Juan Manuel Quesada, y representantes del MOPT, la CNE, la CME, la Defensoría de los Habitantes y la ASADA de Santa Rosa de Pocosol.
“Estos informes técnicos se realizaron para poder dar respuesta a la comunidad de que ya no hay contaminación de las fuentes de agua”, dijo Munive.
Sin embargo, la realidad en el terreno sigue siendo otra. Vecinos de Crucitas aseguran que el agua potable no llega a varias comunidades, y que la contaminación por la minería ilegal no ha cesado. A pesar del anuncio oficial, ríos y quebradas siguen mostrando signos de afectación, mientras los “coligalleros” continúan extrayendo oro con químicos prohibidos.
“Nos dicen que el agua está limpia, pero aquí no hay agua ni limpia ni sucia, porque simplemente no llega. Dependemos de tanques, pozos o camiones cisterna”, comentó un vecino de Chamorro.
El presidente del AyA había anunciado un ambicioso proyecto para dotar de agua segura a las comunidades cercanas, con una inversión de ?7.000 millones, que incluye la construcción de tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo y más de 100 kilómetros de tubería. Las obras —según el compromiso— iniciarían en el segundo semestre de 2024 y concluirían a inicios de 2026. Sin embargo, los trabajos aún no comienzan.
El alcalde Juan Diego González dijo en esa ocasión que mantendrá la vigilancia sobre este proyecto y reiteró la urgencia de soluciones reales.
“El agua es un recurso fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano y de todas las comunidades. Es necesario que las obras prometidas se materialicen”, señaló.
El Gobierno también anunció inversiones en las rutas 227 y 761, con un presupuesto de más de ?1.200 millones para mantenimiento y reconstrucción, con el fin de mejorar el acceso a la zona.
Mientras tanto, los vecinos insisten: el agua potable no llega a Crucitas, y la contaminación no se detiene. La minería ilegal continúa avanzando, dejando atrás ríos secos, suelos degradados y una población que, lejos de sentirse tranquila por los informes oficiales, vive entre la sed y la incertidumbre ambiental.
