Regidores sancarleños respaldan al alcalde Juan Diego González en apoyo al proyecto de minería a cielo abierto impulsado por el presidente Rodrigo Chaves
El Concejo Municipal de San Carlos aprobó una moción presentada por los regidores Raquel Marín y Juan Pablo Rodríguez, en la que se manifiesta respaldo al alcalde Juan Diego González y apoyo al proyecto de ley N.° 24.717, promovido por el Gobierno de la República para autorizar la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, zona norte del cantón.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo bajo el nombre “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela”, busca levantar la actual prohibición de esta actividad establecida desde 2010, con el argumento de que permitiría ordenar la extracción de oro, reducir la minería ilegal y generar empleos y recursos fiscales para las comunidades fronterizas.
De acuerdo con el texto del proyecto, se plantea la reforma parcial al Código de Minería (Ley 6797) para abrir la posibilidad de otorgar concesiones mediante un sistema de subasta pública minera, administrado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Dirección de Geología y Minas.
Asimismo, establece que la empresa adjudicataria deberá cumplir con requisitos técnicos, financieros y ambientales, y pagar regalías al Estado —al menos un 5% de las ventas brutas—, de las cuales parte se destinaría al desarrollo local en San Carlos.
El Gobierno defiende la propuesta señalando que la minería ilegal en Crucitas se ha convertido en un problema social y ambiental, y que una explotación regulada permitiría “convertir el desorden actual en una oportunidad de desarrollo controlado” para la Región Huetar Norte.
Sin embargo, el proyecto de ley ha generado un amplio rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, sectores académicos y la Contraloría General de la República, que advierten que su aprobación significaría un retroceso ambiental y podría violar la moratoria nacional a la minería metálica a cielo abierto, vigente desde hace más de una década.
Entre los principales opositores figuran el Parlamento Cívico Ambiental, la Alianza Siembra Futuro, y diversas ONG que alertan sobre los graves impactos ecológicos que esta actividad podría ocasionar, como deforestación, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y afectación de suelos.
Incluso el Colegio de Geólogos de Costa Rica, aunque reconoce la necesidad de ordenar la minería en Crucitas, ha cuestionado el mecanismo de subasta propuesto por el Ejecutivo, al considerar que podría abrir espacio a empresas sin experiencia o sin los controles adecuados.
El apoyo expresado por el Concejo sancarleño al alcalde Juan Diego González coloca al municipio como uno de los primeros gobiernos locales en alinearse públicamente con la propuesta del presidente Rodrigo Chaves, lo que podría avivar el debate nacional sobre el futuro de la minería a cielo abierto en Costa Rica.
Mientras el Gobierno insiste en que el proyecto busca “una minería metálica sostenible”, sus críticos sostienen que no existe minería a cielo abierto ambientalmente responsable y advierten que su aprobación abriría la puerta a un modelo extractivo con consecuencias irreversibles para el norte del país.
