Defensoría: Costa Rica no logra garantiza a las mujeres una vida libre de violencia
Martes 25 de Noviembre 2025. En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría de los Habitantes reafirma que, la violencia contra las mujeres y las niñas, no es un hecho aislado ni un problema privado: es una violación de derechos humanos sostenida por desigualdades estructurales, normas sociales patriarcales y fallas persistentes en la respuesta del Estado.
La violencia de género se expresa en múltiples ámbitos, como el hogar, la calle, el trabajo, la escuela, los servicios de salud, la política, el espacio digital, la institucionalidad, entre otros, y tiene raíces profundas: la discriminación histórica, el machismo, la normalización social de la desigualdad, la falta de corresponsabilidad social y estatal en los cuidados, así como condiciones económicas y territoriales que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres. Se trata de un fenómeno continuo que adopta formas diversas, pero con un origen común en relaciones históricas de poder desiguales.
La Defensoría observa con profunda preocupación que esta violencia se agrava cuando las políticas públicas no atienden las causas estructurales. El debilitamiento de programas sociales, educativos y de protección incrementa la desigualdad y expone más a las mujeres a la violencia, la pobreza y la dependencia económica. De manera específica, la reciente crisis de licencias de cuido, que mantuvo a cientos de familias sin el subsidio correspondiente, golpea de forma desproporcionada a las mujeres, porque son ellas quienes mayoritariamente asumen el cuido de personas enfermas, personas menores de edad o personas con discapacidad. La ausencia de esa protección económica coloca a las cuidadoras en situaciones de angustia, empobrecimiento y riesgo, y evidencia la falta de un sistema de cuidados sólido, sostenible y con enfoque de igualdad.
De igual forma, los hallazgos del Informe Estado de la Nación 2025 confirman que el mercado laboral costarricense sigue penalizando la maternidad. El Programa Estado de la Nación advierte que, aunque cerca del 70% de las mujeres en edad laboral son madres, su participación en el empleo es significativamente menor (44%) que la de las mujeres sin hijos (50%) y que la de los hombres (70%). Además, el 47% de las mujeres madres trabaja en la informalidad, frente al 27% de mujeres sin hijos, lo que evidencia un patrón estructural que expulsa a las madres hacia empleos precarios o las excluye del trabajo remunerado. Esta desigualdad limita la autonomía económica de las mujeres, profundiza su dependencia y aumenta su exposición a múltiples formas de violencia.
A ello se suma la forma en que el crimen organizado se aprovecha de las desigualdades que afectan a las mujeres, especialmente a las más pobres. La Defensoría ha señalado con preocupación que muchas mujeres terminan privadas de libertad por delitos vinculados al ingreso o transporte de drogas en contextos de necesidad, coacción o ausencia de alternativas económicas reales, siendo eslabones bajos de redes criminales. Esta realidad no puede analizarse al margen de la violencia estructural que empuja a mujeres a situaciones de alto riesgo para la supervivencia propia y de sus familias.
Asimismo, la Defensoría recuerda que el hostigamiento sexual continúa siendo una de las expresiones más extendidas y naturalizadas de la violencia contra las mujeres, en los espacios laborales, educativos e institucionales. Se manifiesta a través de conductas sexuales no deseadas, sostenidas en relaciones asimétricas de poder, y produce efectos gravemente lesivos para la dignidad, la seguridad, la salud mental, la trayectoria educativa y laboral de las víctimas. Su persistencia revela fallas en prevención, investigación y sanción, además de prácticas revictimizantes que inhiben la denuncia.
La Defensoría subraya también la gravedad de la violencia obstétrica, entendida como el trato deshumanizado, abusivo o sin consentimiento durante el embarazo, parto o posparto. Esta violencia se agrava en mujeres indígenas, quienes suelen enfrentar barreras territoriales, lingüísticas, raciales y culturales para acceder a servicios de salud adecuados; así como prácticas médicas que desconocen su autonomía, cosmovisión y derecho a recibir atención intercultural, respetuosa y libre de discriminación. La violencia institucional en salud reproductiva no solo vulnera derechos, sino que deja huellas físicas y emocionales profundas y reproducen desigualdad.
La realidad nacional evidencia que Costa Rica no está logrando garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. A la fecha, el país registra 33 femicidios en lo que va del 2025, cifra que coloca este año entre los más letales para las mujeres en más de una década y refleja un patrón sostenido de violencia extrema que el Estado no ha logrado prevenir ni detener. Detrás de cada femicidio hay fallas acumuladas: alertas ignoradas, protección tardía, respuestas intermitentes, revictimización y ausencia de acciones integrales de prevención. El femicidio es la expresión más brutal de un continuo de violencias que amenaza diariamente la vida y libertad de las mujeres.
Las consecuencias de estas violencias son múltiples y devastadoras: pérdida de vidas, traumas individuales y colectivos, ruptura de proyectos de vida, empobrecimiento, exclusión educativa y laboral, afectaciones a la salud física y mental, orfandad de niñas y niños, y erosión de la democracia por el silenciamiento y control de las mujeres. Además, la violencia institucional, que se presenta cuando las entidades niegan atención, retrasan respuestas, minimizan riesgos o revictimizan, profundiza la desconfianza ciudadana y perpetúa la impunidad.
Por ello, la Defensoría de los Habitantes recuerda al Estado costarricense su obligación reforzada de actuar con debida diligencia, prevención y protección efectiva. Esto implica:
•?Fortalecer la respuesta interinstitucional frente a la violencia contra las mujeres, con especial prioridad en el riesgo de femicidio;
•?Garantizar presupuestos suficientes y ejecutados oportunamente para políticas sociales, educativas, de salud y de protección;
•?Asegurar un sistema nacional de cuidados sostenible que permita corresponsabilidad social y estatal;
•?Eliminar barreras laborales y garantizar autonomía económica para las mujeres, en especial para las madres;
•?Enfrentar el crimen organizado con enfoque de género, evitando la criminalización de mujeres en condiciones de vulnerabilidad;
•?Reforzar la prevención, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en todas las instituciones públicas y privadas, garantizando procesos seguros, expeditos y libres de revictimización;
•?Erradicar la violencia obstétrica mediante protocolos claros, formación obligatoria, control institucional efectivo y un enfoque intercultural que reconozca los derechos específicos de las mujeres indígenas.
La Defensoría reitera que una sociedad justa no puede tolerar que ser mujer signifique vivir con miedo, en precariedad o bajo amenaza constante. Garantizar una vida libre de violencia es un deber ineludible del Estado y una responsabilidad colectiva. Hoy, más que conmemoración, este 25 de noviembre es un llamado urgente a transformar las condiciones que siguen poniendo en riesgo la vida y los derechos de las mujeres y las niñas en Costa Rica.
La Defensoría de los Habitantes continuará vigilante, acompañando a las víctimas, supervisando la actuación institucional y exigiendo respuestas efectivas para que ninguna mujer más sea violentada, silenciada o asesinada.
