El presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, decidieron convertir a los vecinos de Chorreras —una comunidad sancarleña con casi cinco décadas de existencia— en blancos de señalamientos injustos, tratándolos públicamente como “delincuentes”, “forajidos” e incluso “coligalleros”. Una narrativa que no solo distorsiona la realidad, sino que ofende a cientos de familias trabajadoras que han construido ese pueblo con sudor y arraigo.
Los verdaderos sancarleños sabemos que Chorreras, en Cutris, es una comunidad como cualquier otra del cantón: humilde, laboriosa, nacida hace más de 49 años. No es, como insinuaron Chaves y Zamora en conferencia de prensa, un refugio de indocumentados peligrosos. Son hermanos sancarleños que han vivido décadas en el abandono estatal y que, para rematar, fueron dejados a la suerte por el propio gobierno local de San Carlos, que no movió un dedo para defenderlos del desalojo. Ni AyA ni la Municipalidad se plantaron con firmeza frente a la orden.
Chorreras está en la milla fronteriza, como decenas de comunidades que sí son toleradas por el gobierno, incluso cuando presentan situaciones similares. ¿Por qué aquí sí hubo desalojo inmediato, mientras en lugares como Gandoca, Manzanillo y otras zonas costeras las personas permanecen por años, especialmente cuando hay intereses de empresarios cercanos al poder? ¿Por qué no existe el mismo ímpetu para remover hoteles, mansiones de extranjeros o construcciones ilegales a metros de playas públicas?
Lo ocurrido en Chorreras es una vergüenza: para el gobierno central, para las instituciones y para la Municipalidad de San Carlos, que ha fallado una y otra vez en defender a una comunidad que incluso cuenta con escuela desde hace más de 15 años. Decir que el pueblo está lleno de coligalleros nicaragüenses es falso. Y, aunque así fuese, ¿acaso no corresponde separar quién tiene arraigo de quién no? ¿Por qué expulsar por igual a quienes han vivido allí toda una vida?
Da pena que como sancarleños aceptemos sin cuestionar el relato conveniente del gobierno, cuando conocemos esa comunidad desde hace medio siglo. La gran pregunta sigue en el aire: ¿por qué el gobierno privilegia a ciertas comunidades en la milla fronteriza y a Chorreras no?
