La Navidad de este año llegó sin luces, sin mesas servidas y sin techo para 77 familias de Chorreras, en la Zona Norte del país, quienes hoy enfrentan uno de los episodios más dolorosos de su historia comunitaria. Tras décadas de arraigo —muchas de ellas con más de 40 años de vivir en la zona— fueron desalojadas de manera abrupta por la Policía, en un operativo que culminó con la demolición y quema de viviendas, así como la destrucción de dos iglesias y una escuela, espacios que durante años fueron el corazón social y espiritual de la comunidad.
El desalojo se dio en medio de una fuerte polémica, luego de que el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, se refirieran públicamente a la zona como un enclave de mafias y guaridas de coligalleros, calificativos que los vecinos rechazan con indignación y dolor. “Nos trataron como delincuentes, cuando lo único que hemos hecho es trabajar y criar a nuestros hijos aquí”, relatan algunos afectados, hoy refugiados en casas prestadas, improvisados albergues o a la intemperie.
Dudas, contradicciones y una resolución cuestionada
Las razones del operativo siguen generando serias dudas. Aunque las autoridades sostienen que las viviendas se ubicaban dentro de una zona de protección de la milla fronteriza, los habitantes aseguran que durante décadas ninguna institución les advirtió formalmente sobre la ilegalidad de su permanencia. Por el contrario, muchas familias levantaron sus hogares con esfuerzo propio, establecieron servicios básicos y desarrollaron una vida comunitaria sin intervención estatal previa.
La orden de desalojo se sustenta en una resolución del SINAC, pero los vecinos cuestionan por qué, tras tantos años de tolerancia institucional, la respuesta fue repentina y extrema, sin un plan claro de reubicación ni atención humanitaria para adultos mayores, niños y personas en condición de vulnerabilidad.
Iglesias, escuela y recuerdos reducidos a cenizas
Más allá de las casas, la destrucción de dos iglesias y una escuela dejó una herida profunda. No se trataba solo de estructuras, sino de lugares donde se celebraban bautizos, despedidas, actos cívicos y encuentros comunitarios. Para muchos, ver esos espacios convertidos en escombros fue como perder parte de su historia y su identidad.
“Quemaron más que madera y zinc, quemaron recuerdos, esfuerzos de toda una vida”, expresó una madre de familia entre lágrimas.
Recursos legales y una lucha que continúa
Ante lo ocurrido, los afectados han interpuesto recursos legales, alegando violaciones a derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la vivienda y la dignidad humana. Abogados y organizaciones sociales analizan la aplicación de la legislación relacionada con zonas fronterizas, así como la actuación policial durante el operativo.
Mientras los expedientes avanzan lentamente, las familias enfrentan una realidad cruda: pasaron la Navidad sin hogar, con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá mañana y con el peso de haber sido señaladas públicamente como criminales.
Hoy, Chorreras no pide privilegios, sino respuestas claras, trato humano y justicia. En medio del silencio oficial, 77 familias esperan que el país escuche su historia y que la ley no se aplique olvidando a las personas que hay detrás de cada casa demolida.
