Defensoría exige a municipalidades rendir cuentas sobre acciones frente al cambio climático
La Defensoría de los Habitantes pidió a los 84 gobiernos locales del país un informe detallado sobre las medidas que están aplicando para mitigar y enfrentar los efectos del cambio climático en sus cantones. La solicitud pone especial énfasis en la protección del recurso hídrico, la planificación territorial, la sostenibilidad ambiental y la identificación de las fuentes de financiamiento utilizadas.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, recalcó que las municipalidades tienen un rol estratégico en la protección de las comunidades, los territorios y los ecosistemas. Según indicó, su cercanía con la población y su capacidad de coordinar acciones a nivel local las convierten en actores clave para fortalecer la resiliencia climática del país.
Cruickshank recordó que derechos fundamentales como el acceso al agua potable, a un ambiente sano, a una vivienda segura, así como a la participación ciudadana y a la información ambiental, deben ser garantizados en los procesos de planificación urbana, en las políticas locales y en las estrategias de respuesta ante el cambio climático.
Resultados preliminares
De las 84 municipalidades consultadas, 79 atendieron el requerimiento de información. Los datos recopilados entre junio de 2024 y abril de 2025 revelan que 43 gobiernos locales incluyeron en su presupuesto 2025 partidas específicas para atender la variable climática y la protección ambiental.
Estas municipalidades son: Abangares, Acosta, Alajuela, Bagaces, Barva, Buenos Aires, Cañas, Carrillo, Curridabat, Desamparados, Escazú, Esparza, Golfito, Guácimo, Heredia, La Cruz, La Unión, León Cortés, Matina, Montes de Oca, Montes de Oro, Monteverde, Mora, Nandayure, Orotina, Osa, Palmares, Parrita, Poás, Pococí, Quepos, San Isidro, San José, San Rafael, San Ramón, Santa Bárbara, Santa Cruz, Santo Domingo, Sarapiquí, Sarchí, Siquirres, Talamanca y Zarcero.
En materia de ordenamiento territorial, 43 municipalidades cuentan actualmente con un plan regulador vigente. De las 41 que aún no lo tienen, 18 informaron que se encuentran en proceso de elaboración o actualización.
En cuanto a la gestión del agua, 29 gobiernos locales administran directamente acueductos municipales. De estos, 15 ya aplican planes de seguridad del agua, tal como lo exige el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Otras cinco municipalidades indicaron que se encuentran elaborando estos planes, mientras que el resto no brindó información al respecto.
La Defensoría subrayó que la protección ambiental no debe verse como un elemento secundario, sino como el eje central de las políticas locales de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Por ello, instó a los gobiernos locales a priorizar acciones como fortalecer la planificación territorial con enfoque ambiental, desarrollar o actualizar los planes de seguridad del agua, invertir en la protección de nacientes y zonas de recarga acuífera, incorporar la variable climática en los presupuestos municipales y fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana.
