OIJ ejecuta 13 allanamientos por estafas informáticas que superan los ¢35 millones

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan este viernes un amplio operativo policial con 13 allanamientos simultáneos, como parte de una investigación contra una presunta banda dedicada a estafas informáticas que habría provocado pérdidas millonarias a decenas de víctimas.

La acción es dirigida por la Sección Especializada contra el Fraude Informático y tiene como objetivo la detención de ocho personas, señaladas como integrantes de la estructura criminal. El despliegue corresponde al operativo Nexus 2.0, una segunda fase del caso Nexus, desarrollado inicialmente en 2025 en coordinación con la Policía Nacional de Colombia.

De acuerdo con la investigación, desde 2023 las autoridades detectaron el modo de operar del grupo, que consistía en la creación de páginas web falsas que imitaban fielmente los portales oficiales de entidades bancarias. Las víctimas ingresaban a estos sitios creyendo que eran reales, proporcionando información sensible que luego era utilizada para sustraer dinero de sus cuentas.

El OIJ detalló que el análisis técnico permitió ubicar direcciones IP asociadas a Colombia, país donde presuntamente se elaboraban las plataformas fraudulentas. En ese territorio se realizaron tres allanamientos en 2025, mientras que en Costa Rica se habría concretado el retiro del dinero producto de las estafas.

Durante la primera fase del caso, las autoridades lograron bloquear cuentas bancarias, detener a presuntos frenteadores y ejecutar nueve allanamientos en viviendas y locales comerciales desde los cuales se habrían realizado conexiones ilegales a los sistemas bancarios.

En ese momento se contabilizaron 25 causas judiciales y un perjuicio económico estimado en ¢35 millones. Sin embargo, la continuidad de la investigación permitió sumar 23 nuevas denuncias presentadas entre 2024 y 2025, con pérdidas adicionales de ¢34.665.146,54 y $5.000.

Las personas detenidas en este operativo serán puestas a la orden del Ministerio Público, que determinará las medidas cautelares correspondientes mientras avanza el proceso judicial.

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