El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por medio de la Dirección del Registro Electoral, abrió una investigación de oficio tras conocerse la existencia de un presunto acuerdo político entre la campaña de la candidata oficialista Laura Fernández y un grupo de pastores evangélicos, que habría incluido el intercambio de apoyo electoral por eventuales puestos en el sector público.
La indagatoria se centra en un supuesto pacto con integrantes de un grupo denominado Foro Mi País, vinculado a la Federación de Alianzas Evangélicas, el cual habría sido discutido en un encuentro privado realizado en el Templo Bíblico, en Tibás, al que no se permitió el ingreso de la prensa.
De acuerdo con información que trascendió tras esa reunión, la campaña del Partido Pueblo Soberano habría ofrecido a líderes religiosos respaldo para optar por hasta 24 candidaturas a diputaciones, así como espacios en instituciones como la Defensoría de los Habitantes, salas del Poder Judicial y cargos diplomáticos, a cambio de apoyo político y votos.
El caso tomó mayor relevancia luego de que circulara un folleto atribuido al acuerdo, titulado ¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?, cuyo contenido habría motivado la actuación preliminar de las autoridades electorales.
El TSE recordó que el artículo 136 del Código Electoral prohíbe expresamente cualquier forma de propaganda política que utilice creencias religiosas o invoque motivos de fe para inducir a la ciudadanía a apoyar o rechazar partidos o candidaturas específicas.
La situación provocó divisiones dentro del sector evangélico. La Federación de Vidas Abundantes se desmarcó públicamente del presunto acuerdo. En un comunicado, el pastor Mario Castro aseguró que la organización no respalda ni promueve partidos políticos ni candidatos, y rechazó cualquier vinculación con el pacto divulgado.
Entre los asistentes al encuentro en Tibás figuraron dirigentes de la campaña oficialista, incluido el candidato a la primera vicepresidencia y jefe de campaña, Francisco Gamboa, según confirmaron fuentes cercanas al proceso.
La investigación del TSE se encuentra en una fase inicial y busca determinar si los hechos denunciados constituyen una violación a la normativa electoral vigente. Mientras tanto, el tema continúa generando debate político y religioso en plena coyuntura electoral.
