Editorial | El voto no puede ignorar la salud, la seguridad y los derechos adquiridos
momentos en que Costa Rica se prepara para un proceso electoral decisivo, los ciudadanos no deberían votar por candidatos que no presenten propuestas claras, viables y comprometidas con garantizar una atención eficiente en los hospitales públicos, la reducción efectiva de las listas de espera, y la democratización de la salud en tiempo y forma. Estos no pueden seguir siendo eslóganes vacíos de campaña, sino compromisos exigibles con impacto real en la vida de la gente.
La crisis en el sistema de salud es profunda y transparente. Según datos oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hasta marzo de 2025 más de 1.2 millones de personas estaban en listas de espera para consultas externas, cirugías y procedimientos diagnósticos, muchas desde hace años, debido a la falta de especialistas y la saturación del sistema.
El caso del Hospital San Carlos: un espejo de la crisis nacional
En el Hospital San Carlos, que atiende a más de 300 mil personas de la Zona Norte, los problemas son todavía más dramáticos. Pacientes han recibido citas médicas programadas para dentro de décadas, incluso más allá de 2040, simplemente para obtener consultas o tratamientos que son urgentes para su calidad de vida.
Un caso emblemático fue el de una adulta mayor a quien se le asignó una cita de ortopedia para el año 2048, un plazo que ningún ser humano puede esperar con dignidad ni sin que su salud se deteriore gravemente. Estos ejemplos no son excepciones aisladas, sino síntomas de una estructura sanitaria que se ha hundido por falta de planificación, recursos humanos y voluntad política.
A nivel nacional, entre enero de 2023 y enero de 2025, se reportó que 5 793 personas murieron mientras esperaban una intervención quirúrgica en la CCSS, esperando en promedio más de 500 días sin recibir atención adecuada, según información de gestión médica de la institución.
La inseguridad y la violencia vinculada al narcotráfico en 2025
Este déficit institucional también se siente en materia de seguridad ciudadana. En 2025, Costa Rica registró 873 homicidios, una de las cifras más altas de su historia reciente y una señal alarmante de que la violencia relacionada con crimen organizado y narcotráfico sigue siendo un problema estructural.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otros análisis oficiales han señalado que cerca del 69 % de esos homicidios estuvieron relacionados con ajustes de cuentas entre grupos del narcotráfico y bandas criminales. Este fenómeno ha convertido a regiones y barrios que antes eran pacíficos en zonas donde el miedo y la amenaza de violencia son parte del día a día.
La presencia de estructuras criminales —que incluso han llevado a la extradición de un exmagistrado y exministro costarricense por cargos de narcotráfico en 2025— revela que el crimen organizado ya no es un problema periférico, sino un desafío que requiere respuestas serias de política pública.
ROP y derechos adquiridos: no son negociables
Otro ámbito crítico es la defensa de derechos adquiridos como el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Estos fondos pertenecen a los trabajadores y constituyen un derecho que no puede verse comprometido por políticas populistas, recortes indiscriminados o reformas que desconozcan su carácter esencial para la seguridad económica de millones de personas mayores o incapacitadas.
Un llamado a la ciudadanía
Elegir gobernantes sin exigirles propuestas claras y metas verificables en salud, seguridad y protección de los derechos adquiridos es renunciar a mejorar la calidad de vida. La ciudadanía debe informarse, cuestionar, y exigir compromisos firmes. La salud no puede seguir siendo un privilegio, la seguridad no puede reducirse a cifras abstractas, y los derechos laborales y sociales no pueden ser moneda de cambio en negociaciones políticas.
Costa Rica necesita soluciones reales y liderazgo con responsabilidad. Solo así podremos garantizar que votar sea un acto que fortalezca nuestros derechos y no un cheque en blanco para el deterioro de nuestra calidad de vida.
La ciudadanía no debería votar por candidatos que no presenten propuestas claras, serias y viables para garantizar una atención eficiente en los hospitales públicos, la reducción real de las listas de espera y el acceso a una salud pronta y cumplida. La salud no puede seguir siendo una promesa de campaña vacía ni un discurso recurrente cada cuatro años. Es un derecho fundamental que hoy está siendo violentado.
En Costa Rica, las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social superan cientos de miles de personas. Hay pacientes que esperan años por una cirugía, una cita con un especialista o un procedimiento urgente, mientras su condición de salud se agrava. Esta realidad no es solo un problema administrativo, es una crisis humana que afecta calidad de vida, productividad y, en muchos casos, provoca muertes evitables.
Pero la salud no es el único derecho que debe pesar en la decisión del voto. La inseguridad golpea con fuerza a comunidades urbanas y rurales. Asaltos, homicidios, narcotráfico y crimen organizado avanzan, mientras muchas propuestas políticas se quedan en generalidades sin un plan claro de prevención, fortalecimiento policial y recuperación de espacios públicos.
A esto se suma la necesidad de defender derechos adquiridos, como el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Estos fondos pertenecen a los trabajadores, son fruto de años de cotización y no deben verse amenazados por improvisaciones, reformas regresivas o intentos de debilitarlos sin consenso técnico ni social.
El voto es una herramienta poderosa. Elegir sin exigir compromisos concretos en salud, seguridad y protección de derechos laborales es renunciar a una mejor calidad de vida. La ciudadanía debe informarse, cuestionar y demandar propuestas responsables. Costa Rica no necesita discursos emotivos; necesita soluciones reales y gobernantes que entiendan que los derechos no se negocian, se garantizan.
