“El que no tiene dinero se muere”: listas de espera eternas empujan a asegurados a endeudarse y enriquecen al sector privado
Las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han alcanzado extremos que, para muchos asegurados, equivalen a una sentencia silenciosa. Citas programadas a 20, 25 e incluso 26 años plazo, especialmente en especialidades como ortopedia, oftalmología y cirugía, colocan a miles de personas ante un dilema cruel: esperar con dolor y riesgo de muerte, o endeudarse para pagar atención privada.
En este contexto, quienes hoy “hacen su agosto” son clínicas y especialistas privados. Solo una consulta médica en el sector privado ronda entre los ?60.000 y ?100.000, sin incluir exámenes, procedimientos ni medicamentos. Para familias de escasos recursos, la única alternativa es endeudarse, vender bienes o recurrir a préstamos informales para no empeorar su condición de salud.
San Carlos: el rostro local de una crisis nacional
El Hospital San Carlos refleja con crudeza la crisis. Asegurados denuncian citas de especialidad fijadas a más de dos décadas, reprogramaciones constantes y la imposibilidad de acceder a tratamientos oportunos. Pacientes con problemas de movilidad, dolor crónico o condiciones degenerativas aseguran haber recibido fechas que superan los 25 años de espera, lo que en la práctica anula cualquier esperanza de atención efectiva.
A esto se suma la carencia de especialistas. Servicios saturados, jornadas incompletas y una formación limitada de nuevos profesionales profundizan el colapso. La CCSS enfrenta un déficit histórico de médicos especialistas, mientras mantiene cerradas las puertas a profesionales extranjeros que podrían aliviar la carga asistencial. Los procesos de incorporación son lentos y restrictivos, aun cuando la urgencia es evidente.
Un sistema que empuja al sector privado
A criterio de usuarios y sectores críticos, el estado actual del sistema no es casual. “Las posibilidades de ser atendido en la Caja se agotaron”, reclaman pacientes, quienes consideran que el deterioro sostenido beneficia directamente al sector privado. El miedo a morir o a vivir con dolor empuja a miles a pagar lo que no tienen, consolidando un modelo donde la salud se vuelve un privilegio y no un derecho.
La situación golpea con más fuerza a los más pobres: quienes no pueden pagar una consulta privada quedan atrapados entre el dolor, el deterioro de su salud y la espera interminable. “El pobre debe elegir entre morirse o aguantar”, resume un asegurado que espera una cita de ortopedia fijada a más de dos décadas.
Abandono institucional
Las críticas apuntan tanto al Gobierno como a la propia CCSS. Asegurados denuncian abandono, falta de planificación y ausencia de decisiones estructurales para enfrentar la crisis. No hay suficientes plazas, no se acelera la formación de especialistas ni se abren mecanismos extraordinarios para contratar personal calificado del exterior. Mientras tanto, los hospitales regionales, como el de San Carlos, operan al límite.
La consecuencia es clara: un sistema público debilitado que deja a su suerte a quienes lo financian mes a mes. En la práctica, la salud en Costa Rica avanza hacia una lógica de mercado, donde quien puede pagar vive y quien no, espera… o se muere.
