Las personas de nacionalidad nicaragüense encabezan la lista de víctimas extranjeras de homicidio en Costa Rica durante el año 2025, según datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De acuerdo con cifras de la Unidad de Análisis Criminal del OIJ, 92 nicaragüenses fueron asesinados en territorio costarricense a lo largo del año pasado. En ese mismo periodo, el país registró un total de 873 homicidios, de los cuales 122 correspondieron a personas extranjeras, lo que confirma un impacto significativo de la violencia letal sobre la población migrante.
Perfil de las víctimas extranjeras
El informe detalla que la gran mayoría de los homicidios de personas extranjeras recayeron sobre ciudadanos nicaragüenses, muy por encima de otras nacionalidades. En un distante segundo lugar aparecen víctimas de Panamá y Estados Unidos, con seis homicidios cada una.
La lista también incluye personas originarias de:
Jamaica, Colombia, Francia, Perú, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Chile, Austria, Canadá, Alemania, El Salvador y España, aunque con uno o pocos casos por país.
Violencia, migración y exclusión social
Expertos en seguridad y análisis criminal han señalado en reiteradas ocasiones que la población migrante, especialmente la nicaragüense, enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad, asociadas a factores como:
- Empleo informal y precario
- Residencia en zonas con alta incidencia delictiva
- Escaso acceso a redes de protección social
- Exposición a dinámicas del crimen organizado y narcotráfico
En muchos casos, las víctimas son personas en edad productiva que laboran en sectores como la agricultura, construcción, seguridad privada y servicios, actividades donde predominan jornadas extensas, bajos salarios y limitada cobertura institucional.
Un fenómeno que refleja la crisis de seguridad
El aumento sostenido de homicidios en Costa Rica ha encendido las alertas de autoridades y organismos internacionales. El año 2025 se mantiene entre los más violentos de la historia reciente del país, con cifras que reflejan una expansión del crimen organizado, ajustes de cuentas y disputas territoriales, especialmente en zonas costeras y fronterizas.
Aunque el OIJ ha insistido en que la nacionalidad no es un factor determinante del delito, los datos muestran que la violencia impacta de manera desproporcionada a ciertos grupos, entre ellos la población migrante nicaragüense, que constituye además una de las comunidades extranjeras más numerosas en el país.
El informe vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre seguridad ciudadana, políticas migratorias, prevención social del delito y atención integral a poblaciones en riesgo, en un contexto donde las cifras de homicidios continúan marcando récords y generando creciente preocupación nacional.
