Sacerdote lanza dura condena contra José Miguel Villalobos por justificar abuso sexual de menor
La polémica por las declaraciones del abogado y candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña, escaló este fin de semana luego de que el sacerdote José Manuel Díaz, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Goicoechea, lo señalara con severidad por intentar justificar un caso de abuso sexual contra una menor de edad.
El líder religioso utilizó sus redes sociales para manifestar su indignación ante las expresiones de Villalobos, quien públicamente defendió a un pastor evangélico condenado en firme a 35 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra una adolescente de 14 años.
“Más allá de la campaña política, en la que he intentado ni opinar, no es de recibo que una persona justifique un abuso sexual de un hombre religioso contra una persona menor de edad. Menos aún que se postule para un cargo público”, escribió el sacerdote.
Díaz fue aún más categórico al advertir sobre las implicaciones éticas y sociales de este tipo de discursos desde la esfera política. “Una persona así solo puede representar lo peor de la patria, porque si la institucionalidad existe en un colectivo humano es para defender a los más débiles, no para justificar ese tipo de violencia”, añadió.
El origen de la controversia
La reacción del sacerdote surge tras la difusión de un video en redes sociales, compartido por el creador de contenido Rubén Rodríguez, en el que Villalobos insiste en la inocencia de un pastor evangélico condenado en noviembre de 2022 por múltiples delitos sexuales.
En el video, el candidato del PPSO afirma:
“Ese caso efectivamente acusaron a una persona por abusos sexuales contra una menor, no una niña, tenía 15 o 16 años cuando se produjeron los hechos y salió condenado. Sigo pensando que no era culpable”.
Las declaraciones han generado una fuerte ola de rechazo, no solo por cuestionar una sentencia firme dictada por los tribunales, sino por intentar minimizar la gravedad del delito al establecer una diferencia entre “menor” y “niña”. La legislación costarricense es clara: toda persona menor de 18 años es niña, niño o adolescente y cuenta con protección reforzada frente a cualquier forma de violencia sexual.
Un caso juzgado y confirmado en todas las instancias
El pastor evangélico al que Villalobos defiende fue condenado a 35 años de prisión por tres delitos de abuso sexual, una violación calificada y una tentativa de violación, todos en perjuicio de una menor de edad. Los hechos comenzaron cuando la víctima tenía 14 años y fueron acreditados por los tribunales tras un amplio proceso judicial.
Villalobos fue el abogado defensor del condenado y, tras la sentencia, presentó recursos de apelación y casación. En esos documentos llegó a calificar los abusos como parte de una “relación sexual normal”, argumento que fue rechazado tanto por el Tribunal de Apelación como por la Sala Tercera de Casación Penal.
Las resoluciones judiciales establecieron que el agresor se aprovechó de su rol como pastor, de la confianza de la familia y de la vulnerabilidad de la menor para cometer los delitos. Incluso se determinó que utilizó amenazas, manipulación emocional y su posición de autoridad para someter a la víctima.
“No puede considerarse como una o varias relaciones sexuales normales, pues se llegó a ellas gracias a la posición de autoridad y confianza del acusado sobre la joven, la vulnerabilidad de la misma y la manipulación mediante amenazas”, concluyó el Tribunal de Apelación.
Rechazo social y cuestionamientos políticos
Las recientes afirmaciones de Villalobos han provocado una reacción contundente en redes sociales, sectores religiosos y organizaciones defensoras de derechos de la niñez, que consideran inaceptable que un aspirante a un cargo público relativice o justifique la violencia sexual contra personas menores de edad.
El señalamiento del sacerdote José Manuel Díaz se suma a una creciente presión pública que pone en el centro del debate no solo la conducta del candidato, sino los límites éticos que deberían regir el discurso político cuando se trata de delitos sexuales y la protección de las víctimas.
