Crucitas: el gran reto ambiental y social que Laura deberá enfrentar sin mayoría legislativa
La presidenta electa, Laura Fernández, tendrá uno de sus desafíos más complejos en la zona norte del país: frenar el robo de oro en Crucitas y transformar un conflicto ambiental y social de años en un proyecto sostenible que beneficie a las comunidades locales, pese a no contar con los 40 diputados que consideró indispensables para enfrentar el problema.
Hace apenas dos semanas, en plena campaña electoral, Fernández advirtió que necesitaba una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para detener de forma definitiva la minería ilegal en Crucitas, una meta que finalmente no logró alcanzar. El nuevo Congreso quedó conformado por varias fracciones, lo que obliga al Ejecutivo a buscar acuerdos políticos, especialmente con partidos de agenda ambiental, para impulsar soluciones de largo plazo.
Un problema que va más allá del oro
Crucitas, en Cutris de San Carlos, se ha convertido en un foco de minería ilegal, donde operan coligalleros nacionales y extranjeros atraídos por la extracción artesanal de oro. La ausencia de un modelo económico alternativo ha propiciado un escenario marcado por delincuencia, tráfico de drogas, explotación laboral y presencia de estructuras criminales.
A ello se suma el grave impacto ambiental. El uso de mercurio y otras sustancias químicas ha contaminado suelos y fuentes de agua, afectando ecosistemas y poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas. Las intervenciones estatales, aunque constantes, han resultado insuficientes para erradicar una actividad que se reanuda una y otra vez.
Coligalleros: entre la pobreza y la ilegalidad
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la situación de los coligalleros. Muchos de ellos dependen económicamente de la extracción de oro, ante la falta de empleo formal en la región. Sin embargo, esta realidad no justifica una actividad que opera fuera de la ley y que ha sido aprovechada por grupos criminales para lavar dinero y financiar otras actividades ilícitas.
Expertos coinciden en que la represión sin alternativas productivas solo perpetúa el ciclo de invasiones y extracción ilegal.
Un proyecto de gobierno con enfoque sostenible
El plan de gobierno de Laura Fernández plantea una solución integral para Crucitas, basada en tres ejes: control estatal efectivo, recuperación ambiental y desarrollo económico para la población local. Entre las propuestas se encuentra la creación de un proyecto sostenible, que incluya empleo verde, reforestación, turismo rural y vigilancia ambiental permanente.
Para concretar esta visión, el Ejecutivo deberá tejer alianzas con fracciones legislativas de corte ambiental, así como con municipalidades, comunidades y organismos internacionales, en busca de financiamiento y respaldo técnico.
El reto político
Sin los 40 diputados que solicitó, Laura Fernández enfrenta un escenario donde la negociación será clave. Crucitas se perfila como una prueba temprana de su capacidad para construir consensos y cumplir una promesa que sigue siendo una deuda histórica del Estado costarricense.
La zona norte, golpeada por la ilegalidad y el abandono, espera que esta vez el oro deje de ser sinónimo de conflicto y se convierta en una oportunidad de desarrollo sostenible y legal.
