El ejercicio del periodismo en Costa Rica dio este jueves un paso decisivo hacia una mayor libertad. La Asamblea Legislativa aprobó en segundo y último debate una reforma legal que elimina la posibilidad de cárcel para periodistas por delitos de calumnia e injuria cometidos en el marco de su labor informativa.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.185, modifica la histórica Ley de Imprenta y pone fin a disposiciones que, aunque vigentes en el papel, habían quedado desfasadas frente a la realidad democrática y al desarrollo del derecho a la libre expresión.
El proyecto fue impulsado por el diputado Gilberto Campos, quien sostuvo que la normativa anterior permitía usar la amenaza penal como una herramienta de presión contra la prensa, más que como un verdadero mecanismo de justicia.
Con la reforma, se eliminan los artículos 7 y 8 de la Ley 32, que establecían penas de arresto de hasta 120 días para periodistas y editores responsables de publicaciones consideradas injuriosas o calumniosas. También se deroga la sanción contra quienes, a través de la prensa, supuestamente atentaran contra el orden público o las relaciones con otros Estados.
“Desde ahora, la libertad de prensa se ejerce sin el riesgo de que una ley obsoleta se use para intimidar o silenciar publicaciones”, celebró Campos tras la votación.
El proyecto ya había superado el primer debate a finales de octubre, pero no fue convocado durante el periodo de sesiones extraordinarias, por lo que su aprobación definitiva se concretó hasta ahora.
Con este cambio, Costa Rica deja atrás un marco legal heredado de otra época y refuerza las garantías para el periodismo, trasladando los eventuales conflictos al ámbito civil y alejándolos del castigo penal.
