La Cruz Roja Costarricense confirmó que a las 9:45 a. m. se declaró fallecido a un bebé de cinco meses en la comunidad de El Gavilán, distrito de Aguas Claras, cantón de Upala, en la provincia de Alajuela.
Según el informe preliminar, el menor presentaba múltiples lesiones traumáticas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue declarado sin signos vitales en el lugar.
Durante la atención de la emergencia, los socorristas también brindaron asistencia a una adolescente de 16 años, quien sufrió una crisis de ansiedad. No obstante, su condición no ameritó traslado a un centro hospitalario.
Tras concluir la labor de la benemérita, la escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales, quienes asumieron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Las cifras oficiales muestran una realidad preocupante para la infancia en Costa Rica: la violencia contra bebés, niños, niñas y adolescentes no cesa y, en muchos casos, tiene consecuencias fatales para las víctimas más vulnerables del país.
Según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en los primeros cuatro meses del año 2025 se registraron 39.809 menores afectados por alguna forma de abuso o maltrato, con 29.465 denuncias recibidas por la institución. Estas agresiones abarcan diferentes tipos de violencia, desde negligencia y maltrato físico hasta abuso emocional y sexual.
Ya durante el primer semestre de 2024, el PANI reportó que atendió 49.849 menores víctimas de violencia, una cifra que representa un promedio de 274 casos al día, es decir, aproximadamente uno cada cinco minutos.
Este patrón de denuncias se mantiene en varios años recientes. Solo en el primer trimestre de 2024, el PANI recibió 18.775 denuncias de agresiones contra menores, lo que representa un promedio de 212 casos diarios. Las situaciones más frecuentes están relacionadas con negligencia en salud o educación, conflictos familiares, agresión física y exposición a drogas.
Muertes infantiles por violencia directa y colateral
Además de las agresiones, las estadísticas oficiales revelan que la violencia letal también afecta a menores. Según la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, entre 2021 y 2025 se registraron al menos 48 homicidios de niños de menos de cinco años cometidos por sus propios padres, con 14 casos solo en 2024, el año más alto en ese periodo.
Por otra parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó que en 2024 ocho menores de 12 años murieron como víctimas colaterales de homicidios, es decir, no eran el objetivo directo de la agresión pero fallecieron en hechos violentos que afectaron a su entorno familiar o comunitario.
Violencia sexual y atención médica
La violencia sexual también representa una parte significativa del problema. De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial y del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, 4.174 denuncias de abusos sexuales contra menores se registraron en 2024, cifra que supone un aumento significativo en los últimos años.
Además, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atendió a 11.768 menores por casos de abuso sexual en 2024, mostrando un incremento de cerca del 50% desde 2022.
La percepción ciudadana también refleja la preocupación. Estudios académicos han encontrado que más de la mitad de la población costarricense considera que la violencia psicológica y sexual es altamente probable entre menores, seguida por la violencia física y el abandono o negligencia por parte de adultos responsables.
Además, datos preliminares del Ministerio de Salud sobre violencia intrafamiliar muestran que los menores de un año presentan tasas de agresión especialmente altas en algunos reportes epidemiológicos, lo que ilustra que la violencia no solo ocurre entre mayores de edad, sino que también afecta a bebés y niños muy pequeños.
Aunque Costa Rica goza de una reputación internacional de estabilidad y bienestar social, las cifras revelan que muchos niños y adolescentes enfrentan diariamente situaciones de violencia que ponen en riesgo su integridad, su desarrollo y, en casos extremos, su vida. Expertos y organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer la prevención, la protección social y la respuesta institucional para garantizar los derechos de la infancia.
