Pese a que el oficialismo y sus aliados lograron 31 curules en la Asamblea Legislativa entrante, el presidente Rodrigo Chaves reconoció que esa cifra es insuficiente para impulsar las reformas profundas que plantea contra el Poder Judicial, al cual volvió a calificar como una “madriguera”.
Según Chaves, solo una mayoría calificada de 38 diputados, en cualquier combinación de partidos, permitiría —a su criterio— “limpiar de una vez por todas” lo que considera prácticas nocivas dentro del sistema judicial.
“Sólo la Asamblea Legislativa con 38 diputados puede limpiar lo que pareciera ser una madriguera de cosas muy feas”, afirmó el mandatario.
El presidente reiteró sus señalamientos contra lo que llamó una “maldita trinidad” dentro del Poder Judicial, integrada por la magistrada Patricia Solano, el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, y el fiscal general Carlo Díaz. Según Chaves, ese grupo busca blindar al fiscal general, quien —afirmó— aún tendría una década por delante antes de pensionarse.
“Si no lo renuevan en octubre del 2026, tendría que regresar a una plaza de fiscal 2, ni siquiera de fiscal 1”, dijo el mandatario.
Villalobos anuncia ofensiva legislativa
En la misma línea, José Miguel Villalobos, abogado del presidente y diputado electo por el partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció que promoverá una reforma integral del Poder Judicial y que no respaldará la continuidad de 14 de los 22 magistrados cuyos nombramientos vencen durante el próximo cuatrienio.
No obstante, la mayoría de las iniciativas que plantea el oficialismo requieren el respaldo de al menos 38 legisladores, cifra que el PPSO no alcanza. La bancada del partido de la presidenta electa Laura Fernández contará con 31 diputados, una mayoría absoluta (29 votos), pero lejos de la mayoría calificada necesaria para cambios estructurales.
En una entrevista difundida en redes sociales, Villalobos fue enfático:
“Mi proyecto estrella es la reforma integral del Poder Judicial. A eso voy. Vamos a crear una comisión investigadora del Poder Judicial, no de las resoluciones, porque hay que respetarlas, se compartan o no. Vamos a investigar el funcionamiento completo del Poder Judicial”.
Reformas que sí y reformas que no
Con sus 31 diputados, el oficialismo puede impulsar algunas acciones, pero enfrenta serias limitaciones en otras:
- Sí puede:
- Crear una comisión investigadora sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
- Presidir la Comisión de Nombramientos para recomendar o frenar la reelección de magistrados.
Ambos escenarios requieren solo 29 votos.
- No puede sin apoyo opositor:
- Evitar la continuidad de 14 magistrados cuyo nombramiento vence en el próximo cuatrienio, lo cual exige 38 votos.
- Aprobar reformas para “agilizar” el Poder Judicial cuando estas impliquen cambios constitucionales o cuando la Corte se oponga, según lo establece el artículo 167 de la Constitución Política.
- Modificar el sistema de nombramiento de jueces y magistrados.
- Establecer períodos de 12 años sin reelección para magistrados.
- Alterar la integración de la Corte Plena en lo relativo al nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El obstáculo de la reelección
En Costa Rica, los magistrados deben someterse cada ocho años a un proceso legislativo que, aunque no se denomina formalmente reelección, funciona como tal. Su continuidad se mantiene automáticamente, salvo que 38 diputados voten en contra.
Con solo 31 curules, Pueblo Soberano queda por debajo del umbral necesario para impedir la permanencia de un magistrado, lo que complica la estrategia del oficialismo para provocar un remezón profundo en el Poder Judicial.
