Gobierno inaugura escuela en milla fronteriza de Upala, pero demolió comunidad en Chorreras bajo el mismo criterio legal
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, inauguró el pasado 26 de enero la Escuela Rafael Sánchez Arrieta, ubicada en la comunidad fronteriza de México de Upala, una zona comprendida dentro de la llamada milla fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua.
La obra, que beneficiará a 643 estudiantes, tuvo una inversión superior a los ?3.685 millones e incluye aulas de preescolar, primaria, telesecundaria y educación para adultos, además de comedor, cancha techada y otras instalaciones complementarias. El mandatario calificó el proyecto como una “bofetada a décadas de desprecio hacia las comunidades rurales”.
Sin embargo, la inauguración vuelve a poner sobre la mesa una evidente contradicción en la actuación del Estado respecto a otras comunidades ubicadas en idénticas condiciones legales dentro de la milla fronteriza.
El contraste con Chorreras
De acuerdo con la legislación costarricense, los terrenos dentro de la milla fronteriza son propiedad del Estado, por lo que sus ocupantes pueden ser considerados precaristas. Bajo ese mismo argumento legal, el Gobierno avaló en 2023 la demolición de la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos.
Chorreras tenía más de 40 años de existencia, contaba con iglesia, escuela y cerca de 70 viviendas, pero fue intervenida por las autoridades. Sus habitantes no solo fueron desalojados, sino que además fueron señalados públicamente por el propio presidente Chaves y por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, como delincuentes, coligalleros y parte de supuestas mafias.
¿Por qué en unos sí y en otros no?
La situación genera cuestionamientos inevitables:
¿Por qué en México de Upala el Estado invierte millones, construye infraestructura pública y reconoce el derecho a la educación, mientras que en Chorreras optó por la demolición total?
La misma interrogante se extiende a otras comunidades fronterizas como Cureña de Sarapiquí, donde también existen asentamientos humanos dentro de la milla fronteriza y cuyos habitantes, bajo la misma interpretación legal, podrían ser catalogados como precaristas.
Instituciones con criterios distintos
Para líderes comunales y vecinos afectados, la diferencia no radica en la ley, sino en los intereses que se mueven en cada territorio y en la discrecionalidad con que actúan las instituciones del Estado.
Mientras en México de Upala se reconoce el esfuerzo comunitario y se les brinda acompañamiento institucional, en Chorreras se aplicó una línea dura, sin soluciones habitacionales integrales y con un discurso oficial que estigmatizó a toda una comunidad.
Hoy, la inauguración de una escuela en la milla fronteriza no solo representa una buena noticia educativa, sino que también reabre un debate pendiente: ¿existe igualdad en la aplicación de la ley para las comunidades fronterizas de Costa Rica o se mide con reglas distintas según el territorio y los intereses en juego?
