Monocultivos avanzan en la milla fronteriza pese a prohibición ambiental
Zona Norte, Costa Rica.
A pesar de la prohibición expresa para el establecimiento de monocultivos en áreas protegidas y en la milla fronteriza, la realidad en la Zona Norte del país evidencia un incumplimiento sistemático de la normativa ambiental. Esta semana salieron a la luz graves daños ambientales en el sector de Jocote de Pocosol, en San Carlos, una zona ubicada dentro de la milla fronteriza, donde una empresa piñera habría talado y labrado decenas de hectáreas para la siembra de piña.
Imágenes y denuncias recibidas por este medio muestran extensas áreas deforestadas, con bosque arrasado y suelos removidos, sin que hasta el momento se conozca de acciones concretas por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ni del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Municipalidad de San Carlos y Fiscalía. La ausencia institucional contrasta con la magnitud del daño ambiental observado en el sitio.
Según vecinos funcionarios del Minae pasaron esta semana frente caos de la piñera en Jocote de Pocosol, pero llegaron a Calle Mendez y vieron el desastre pero no actuaron . Según vecinos andaban revisando un cultivo de Melina de un finquerito esta a 3 kilómetros de Jocote.
La finca estaría a cargo de un empresario de la zona de apellido García
Un patrón que se repite en la Zona Norte
La situación en Jocote de Pocosol no es un hecho aislado. Este patrón se repite a lo largo del río San Juan y en múltiples puntos de la milla fronteriza, donde abundan plantaciones de piña y otros monocultivos en terrenos que deberían mantenerse protegidos. Casos similares se reportan en cantones como Los Chiles, Upala, San Carlos y Sarapiquí, donde el avance de las piñeras ha sido calificado como desmedido por sectores ambientalistas.
En estas zonas, miles de hectáreas de bosque han sido taladas y, en muchos casos, la vegetación eliminada es enterrada en el mismo terreno para dar paso al cultivo de piña. Además, se documenta el secado de humedales y la afectación directa a fuentes de agua, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deteriora ecosistemas clave para la biodiversidad.
Clamor por una aplicación equitativa de la ley
Organizaciones ambientalistas cuestionan la falta de acción de las autoridades y exigen al MINAE actuar con la misma celeridad mostrada en otros casos, como el ocurrido en Chorreras de Cutris, donde se demolieron cerca de 70 viviendas por ubicarse en milla fronteriza y en un área protegida. Aquella intervención dejó a decenas de familias en condición de vulnerabilidad, mientras que, en contraste, grandes extensiones agrícolas continúan operando sin consecuencias visibles.
“La ley parece aplicarse con rigor contra comunidades, pero no con la misma fuerza frente a grandes intereses económicos”, señalan ambientalistas consultados.
Prohibición vigente, pero poco respetada
El 26 de junio del año 2020 el MINAE emitió la Directriz N.° 0006-2020, que prohíbe el establecimiento de cualquier monocultivo en áreas protegidas y en la milla fronteriza, con la única excepción de las plantaciones forestales. La directriz también ordena alejar este tipo de producción de zonas silvestres protegidas y de fuentes de agua, como respuesta a la creciente invasión de monocultivos y la contaminación asociada a estas actividades.
Esta disposición abarca reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales. Además, instruye a las dependencias del MINAE y a los órganos bajo su rectoría a abstenerse de promover conciliaciones en procesos penales o administrativos relacionados con delitos ambientales vinculados a monocultivos.
Impacto ambiental documentado
El Estado de la Nación 2019 reveló que las piñeras han invadido al menos 16.324 hectáreas de humedales protegidos en el país, ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica y la prevención de inundaciones. Las áreas más afectadas fueron el Corredor Fronterizo y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, ambos ubicados en la Zona Norte.
En paralelo, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprueba, en promedio, tres mil nuevas hectáreas por año para la siembra legal de piña. Según el proyecto Monitoreo de Cambios del Uso de la Tierra en los Paisajes Productivos (MOCUPP) del MINAE, para el año 2018 Costa Rica contaba con 65.670 hectáreas sembradas de piña, de las cuales el 67% se concentran en la Zona Norte.
Investigaciones del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) han confirmado la contaminación de aguas subterráneas y superficiales con plaguicidas asociados al cultivo de piña. Entre las sustancias detectadas figuran Bromacil, Carbaryl, Carbofuran, Clorpirifos, Diurón y Malatión, presentes en ríos y quebradas como el río Toro, río Tres Amigos y afluentes de Pital de San Carlos.
Cuestionamientos al Estado
Para el ambientalista Álvaro Sagot, la directriz del MINAE representa un llamado de atención a todo el aparato estatal. “La pregunta ahora es cómo sucede todo esto a vista y paciencia del Poder Ejecutivo y de las municipalidades. ¿Por qué, si se conocía esta situación, no se frenaron licencias, permisos o patentes?”, cuestionó.
Sagot añadió que, aunque la directriz prohíbe conciliar en procesos sancionatorios y ordena coordinar con el Ministerio Público, persisten muchas dudas sobre la voluntad real de hacer cumplir la normativa. “Basta ver los mapas de invasión de monocultivos en sitios de alta fragilidad ambiental para entender la magnitud del problema”, concluyó.
Mientras tanto, el avance de los monocultivos en la milla fronteriza continúa, dejando a su paso bosques talados, humedales secos y fuentes de agua contaminadas, en abierta contradicción con la legislación ambiental vigente.
