Un detallado informe de 295 páginas elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha destapado una red de presuntas irregularidades cometidas por su propio director suspendido, Randall Zúñiga. El documento, que recopila más de 3.000 mensajes de texto, fotografías y videos, expone cómo el jerarca policial habría violado secretos de estado y mantenido conductas inapropiadas con al menos cuatro mujeres que terminaron denunciándolo por delitos sexuales.
Intercambios de alto riesgo
La Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes —una unidad interna del OIJ— fue la encargada de realizar la minuciosa extracción de información de los dispositivos del funcionario. En las conversaciones, sostenidas a través de WhatsApp, Facebook, Instagram y Snapchat, Zúñiga no solo habría mantenido diálogos de connotación sexual, sino que presuntamente compartía información sensible y confidencial.
De acuerdo con la investigación, el director suspendido enviaba a sus contactos femeninos imágenes desde oficinas judiciales, fotografías de escenas del crimen con cuerpos sin vida, detalles de homicidios en curso y, lo más grave, la ubicación en tiempo real de operativos policiales y allanamientos. Incluso se documentaron envíos de contenido realizados desde reuniones oficiales en embajadas y organismos internacionales.
Doble vía judicial
El escándalo, que sacude a la cúpula policial, se ventila actualmente en dos frentes. Por un lado, la Fiscalía de Género tramita la causa penal, donde las mujeres figuran como presuntas víctimas y se investigan delitos que van desde la divulgación de secretos con la modalidad agravada —por la filtración de datos sensibles— hasta posibles delitos sexuales y violación de datos personales.
Por otra parte, la Inspección Judicial lleva a cabo un procedimiento administrativo disciplinario. En esta vía, las denunciantes participan como testigos de cargo. El informe del OIJ no emite conclusiones, sino que funciona como un acervo probatorio que la Fiscalía deberá analizar para determinar si formula acusación formal.
Futuro incierto en Corte Plena
Mientras se desarrollan las investigaciones, Zúñiga permanece suspendido de su cargo. Los magistrados de Corte Plena ya aprobaron una extensión de la medida cautelar por tres meses adicionales. Durante este periodo, se valorará si la contundencia de las pruebas —los más de 3.000 mensajes y el material gráfico— constituyen una falta grave que justifique su destitución definitiva.
El caso mantiene en vilo a la institución policial, ya que de confirmarse las acusaciones, no solo se demostraría una grave vulneración ética y legal por parte de su máximo jerarca, sino un riesgo a la seguridad nacional al exponer operativos confidenciales. Será la Fiscalía y la Corte Plena quienes definan si Zúñiga enfrenta un proceso penal y pierde para siempre su puesto al frente del OIJ.
