El ministro de Seguridad, Mario Zamora, advirtió en el Plenario Legislativo que el país debe actuar de inmediato ante el riesgo de una eventual migración masiva de coligalleros nicaragüenses hacia la Zona Norte, como consecuencia de las concesiones mineras otorgadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a empresas chinas en la franja fronteriza.
Según expuso el jerarca, las compañías asiáticas han recibido permisos para operar en una franja de hasta 10 kilómetros en el borde limítrofe, lo que podría dejar sin sustento a miles de trabajadores informales dedicados a la extracción artesanal de oro en Nicaragua.
“Cuando esas empresas empiecen a explotar de manera monopólica el oro y miles de ciudadanos nicaragüenses en esa zona no tengan fuentes de empleo, es predecible una ola migratoria hacia nuestro territorio que podría generar más daño del que hemos conocido hasta hoy”, alertó Zamora ante los diputados.
El ministro insistió en que su advertencia quede registrada oficialmente. “Que esta frase quede asentada en el Plenario Legislativo para que, si algún día ocurre, estemos todos enterados de este aviso. Esto no es jugando, es en serio. La posibilidad de tomar acciones es ahora, antes de que el cáncer de la minería nos termine afectando a todos”, enfatizó.
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Seguridad, el flujo migratorio podría oscilar entre 10.000 y 15.000 personas, una cifra que —según explicó— pondría a prueba la capacidad operativa del Estado en la zona fronteriza.
Durante la sesión, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, consultó cuántos efectivos policiales serían necesarios para enfrentar un escenario de esa magnitud. Zamora respondió que el despliegue requerido sería extraordinario.
“Tendríamos que llevarnos en este momento a toda la policía del Valle Central para apenas tener una presencia raquítica en esas 3.000 hectáreas que deberían ser cubiertas 24 horas al día, siete días a la semana”, indicó. Además, advirtió que la dinámica de la minería ilegal es expansiva: “Hoy denunciamos una zona específica, pero esto está en crecimiento”.
El ministro también vinculó la discusión con el proyecto de ley que busca legalizar la minería en Crucitas, al considerar que su eventual aprobación permitiría ordenar el territorio y fortalecer la presencia estatal.
“Desde el momento en que se adjudique a una empresa, esa empresa empezará con el cerramiento perimetral del lugar y a poner orden en donde se dará la futura explotación minera. Casi desde el primer año empezaríamos a ver efectos en la zona”, explicó.
Zamora subrayó que la iniciativa contempla que un porcentaje de las utilidades se destine a las municipalidades, asociaciones de desarrollo y a la Fuerza Pública, lo que permitiría invertir en infraestructura policial en la frontera norte.
“Estamos hablando de crear infraestructura policial en zona fronteriza. Ese sería un cambio radical y positivo”, concluyó el ministro, reiterando que el momento de actuar es ahora, antes de que el fenómeno migratorio y la expansión minera generen consecuencias mayores.
