Chaves arremete por Crucitas, responsabiliza a ambientalistas y pide aprobar proyecto de extracción de oro
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió nuevamente a la situación en Crucitas y cuestionó con dureza a diputados del Frente Amplio, a quienes señaló de obstaculizar iniciativas relacionadas con la extracción de oro a cielo abierto, calificándolos como “terroristas del ambiente” por su oposición al proyecto.
Durante sus declaraciones, el mandatario también responsabilizó a decisiones tomadas en administraciones anteriores, mencionando al expresidente Óscar Arias y a su hermano, así como a sectores ambientalistas, por lo que describió como el origen del problema actual en la zona minera del norte del país.
Chaves insistió en la necesidad de aprobar un proyecto que, según dijo, permitiría que la riqueza mineral beneficie directamente a las comunidades cercanas, al tiempo que ayudaría a frenar la extracción ilegal de oro en la zona. De acuerdo con el jerarca, la falta de una solución estructural ha propiciado el auge de actividades ilegales vinculadas a la minería artesanal.
En ese contexto, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, advirtió que grupos de coligalleros continúan ingresando a la zona para extraer oro de manera clandestina en un área estimada de más de 3.000 hectáreas, lo que representa un reto constante para las autoridades policiales y ambientales.
El presidente también dirigió críticas contra el abogado ambientalista Edgardo Araya, quien se ha manifestado en contra de la minería a cielo abierto, señalándolo por su oposición a este tipo de explotación minera.
Aumento de delincuencia y robo de oro en Crucitas
La zona de Crucitas, ubicada en Cutris de San Carlos, se ha convertido en un punto de alta presión para las autoridades debido al crecimiento de la minería ilegal y el robo de oro, actividades que han generado preocupación por el impacto en la seguridad, el ambiente y la economía local.
Informes de seguridad indican que la presencia de coligalleros —muchos de ellos migrantes en condición irregular— ha incrementado los operativos policiales en el sector fronterizo norte, donde se detectan campamentos improvisados, extracción clandestina y comercialización ilegal del mineral.
Las autoridades han señalado que esta actividad ilícita suele estar asociada a otros delitos como tráfico de personas, contrabando, daños ambientales, violencia y enfrentamientos entre grupos que disputan el control de los puntos de extracción. Además, la destrucción de suelos, contaminación de fuentes de agua y deforestación continúan siendo efectos colaterales de la minería ilegal.
Vecinos de comunidades cercanas han denunciado un aumento en la inseguridad, tránsito de personas desconocidas y afectación ambiental, lo que ha obligado a reforzar la vigilancia policial y los patrullajes en la zona.
Mientras tanto, el debate sobre una eventual explotación legal del oro en Crucitas sigue generando posiciones encontradas entre el Gobierno, sectores ambientalistas, comunidades y diputados, en medio de la urgencia por atender la problemática de la minería ilegal y sus implicaciones sociales, ambientales y de seguridad en la región norte del país.
