El debate por la situación de Crucitas sumó un nuevo capítulo luego de que el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, respondiera a los cuestionamientos sobre el manejo estatal del área y rechazara las afirmaciones del diputado Ariel Robles en torno a la presencia policial y la minería ilegal.
Zamora aseguró que los diputados del Frente Amplio fueron “guardianes silenciosos durante años” ante el abandono, el daño ambiental y la extracción ilegal de oro en la zona de Crucitas, en San Carlos, una problemática que se ha intensificado en medio del avance de la minería clandestina.
Ministro desmiente salida policial de Crucitas
El jerarca de Seguridad fue enfático en desmentir las versiones que señalan que la policía ha abandonado el sector, indicando que los cuerpos policiales se mantienen operativos en la zona para contener la actividad ilegal y los problemas de seguridad asociados.
Según Zamora, la Fuerza Pública no ha salido de Crucitas y continúa con intervenciones constantes para frenar la extracción ilícita de oro y los daños ambientales derivados de esta práctica.
Además, afirmó que una resolución de la Sala Constitucional respalda las acciones del Estado en el control del área, lo que, a su criterio, confirma la legalidad de las medidas adoptadas frente a la minería ilegal.
Posturas enfrentadas por minería metálica
Las declaraciones del ministro surgen luego de que Robles reiterara su oposición a cualquier iniciativa que contemple la explotación minera metálica en Crucitas, al considerar que abrir esa posibilidad representaría un retroceso para el modelo ambiental que ha distinguido a Costa Rica.
El legislador sostiene que permitir la minería en la Zona Norte implicaría impactos ecológicos significativos y afectaría la imagen internacional del país como referente en sostenibilidad y conservación.
Un conflicto que trasciende lo ambiental
La situación en Crucitas se mantiene como un punto de tensión política, ambiental y de seguridad. Mientras algunos sectores defienden reforzar la protección ambiental y mantener la prohibición minera, otros señalan la necesidad de acciones más contundentes contra la minería ilegal que continúa generando deterioro en suelos, ríos y biodiversidad.
El intercambio de señalamientos entre autoridades de Gobierno y legisladores refleja la complejidad del problema en Crucitas, donde convergen temas de seguridad, ambiente y desarrollo, y donde la discusión sigue abierta tanto en la Asamblea Legislativa como en la opinión pública.
