El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), integrado por 42 organizaciones de la sociedad civil, dio a conocer un manifiesto nacional tras la comparecencia del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ante el Plenario Legislativo, en la que se analizó la situación que enfrenta Crucitas.
En el pronunciamiento, el PCA reafirma su oposición a la minería metálica a cielo abierto y recalca la necesidad de resguardar el patrimonio ambiental del país. Luego de valorar lo expuesto en la Asamblea Legislativa, la agrupación indicó que la crisis en Crucitas es evidente y está marcada por la minería ilegal, la presencia de estructuras criminales, la contaminación ambiental y la limitada acción institucional. No obstante, advirtió que utilizar esta problemática como argumento para impulsar el regreso de la minería metálica a cielo abierto resulta inaceptable.
El documento expone que el deterioro ambiental incluye impactos en los mantos acuíferos, el uso indebido de sustancias como el arsénico y la degradación de suelos a causa de residuos tóxicos provenientes de lagunas clandestinas de lixiviados. En esa línea, el PCA sostiene que ninguna crisis debe emplearse como justificación para debilitar la democracia ni para retroceder en los avances de protección ambiental.
Asimismo, la organización cuestiona que el proyecto de ley 24717 pretenda presentar la minería metálica a cielo abierto como una alternativa frente a la inseguridad o la pobreza, al considerar que dicha narrativa constituye un “espejismo” que podría agravar los conflictos sociales y ambientales.
El manifiesto también recuerda que Costa Rica ya adoptó una decisión país al prohibir esta actividad extractiva, por lo que un retroceso implicaría vulnerar el principio de no regresión ambiental, debilitar el Estado de derecho y poner en riesgo el futuro ecológico nacional.
Como eje central de su declaratoria, el Parlamento Cívico Ambiental expresa un rechazo “contundente, firme e irreversible” a la minería metálica a cielo abierto en Crucitas y en todo el territorio nacional, señalando que esta posición no responde a criterios ideológicos ni coyunturales, sino a fundamentos científicos, ciudadanos y generacionales.
De igual forma, el PCA plantea que la atención de la problemática en Crucitas debe enfocarse en soluciones estructurales, entre ellas mayor presencia del Estado, combate integral a las economías ilegales, restauración ecológica, desarrollo local sostenible y participación activa de las comunidades.
“El verdadero oro de Costa Rica está en sus bosques, su agua y su gente”, concluye el documento, que además hace un llamado a la ciudadanía, la academia, las comunidades y los sectores productivos responsables a defender esta decisión histórica y mantener la coherencia ambiental que ha caracterizado al país.
