Los diputados de la Comisión Plena III dieron luz verde este miércoles, en primer debate y de forma unánime, al expediente 23.908, una iniciativa que obligaría a bancos y demás entidades financieras formales a compensar a los clientes afectados por estafas.
El proyecto fue impulsado en 2023 por el legislador liberacionista Óscar Izquierdo, tras múltiples denuncias de personas que perdieron sus ahorros sin que existiera responsabilidad para las entidades que custodiaban su dinero. El congresista afirmó que la reforma busca proteger a los usuarios, fortalecer el sistema financiero y brindar justicia a quienes han sido víctimas de fraudes.
La propuesta modificaría el artículo 35 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472), incorporando la responsabilidad solidaria y objetiva de las entidades financieras —públicas y privadas— por los fondos que administran. De aprobarse en segundo debate, los bancos deberán indemnizar los daños económicos sufridos por sus clientes cuando se produzca la sustracción de dinero por parte de terceros no autorizados, sin importar el mecanismo utilizado.
Asimismo, el texto plantea cambios al artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública (Ley 6227) para invertir la carga de la prueba, de modo que no recaiga en la víctima demostrar que no tuvo responsabilidad en el hecho.
La Asociación Bancaria Costarricense manifestó su rechazo a la iniciativa, al considerar que podría estimular el crimen organizado y aumentar los fraudes, bajo el argumento de que las entidades tendrían que indemnizar automáticamente ante cualquier alegato. El gremio citó como antecedente el caso de Chile, donde —según sostiene— una legislación similar habría provocado un incremento en los índices de estafa.
El proyecto podría ser sometido a segundo debate la próxima semana.
