Contempla Senasa el sacrificio de un perro si se determina que es peligroso?
Sí. En Costa Rica, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) puede ordenar el sacrificio humanitario de un perro cuando, tras la evaluación técnica, se concluye que el animal representa un riesgo grave para la seguridad pública.
Según los protocolos institucionales y la Ley de Bienestar Animal (Ley N.º 9458), cuando ocurre un ataque grave o mortal, Senasa procede primero con el decomiso del animal, su traslado a instalaciones oficiales y una valoración veterinaria, etológica y sanitaria. En este análisis se revisa el historial de agresividad, las condiciones de manejo, el entorno y las posibles causas del ataque.
Si los profesionales determinan que el perro tiene conductas agresivas irreversibles o un nivel de peligrosidad alto que no puede ser controlado mediante medidas de manejo responsable, reubicación o confinamiento seguro, la institución puede recomendar el sacrificio humanitario como medida excepcional de protección social.
No obstante, el sacrificio no es automático. Cada caso se estudia individualmente, especialmente en hechos como ataques fatales, como los investigados recientemente en San Carlos y Pérez Zeledón. La decisión final se basa en criterios técnicos, bienestar animal y prevención de nuevos incidentes.
Además, Senasa también puede emitir disposiciones contra el propietario, como órdenes de control, medidas sanitarias o procesos administrativos, si se demuestra negligencia en la tenencia responsable del animal.
Tras el ataque mortal de un perro, como el caso ocurrido en Cutris de San Carlos, las autoridades deben activar un protocolo legal y sanitario que involucra al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), Fuerza Pública y eventualmente al Ministerio Público. Cabe destacar que el perro que mató este joven fue sacrificado por la familia en medio de la desesperación.
De acuerdo con la Ley de Bienestar Animal y normativa sanitaria, Senasa puede decomisar al animal para su valoración veterinaria y conductual, con el fin de determinar las causas del ataque y el nivel de peligrosidad. Este procedimiento también aplica en el caso reportado en Pérez Zeledón, donde la institución confirmó el decomiso del perro que atacó y mató a un menor.
Según explicó Senasa, el animal es trasladado a instalaciones oficiales donde profesionales analizan su comportamiento, estado de salud y posibles factores que provocaron la agresión. Además, se investiga si el perro presentaba antecedentes de ataques, condiciones de encierro, maltrato o negligencia por parte del propietario.
La legislación costarricense establece que el dueño del animal podría enfrentar responsabilidades civiles e incluso penales si se comprueba negligencia en el control, custodia o manejo del perro. Esto incluye posibles demandas por daños y perjuicios, así como investigaciones por homicidio culposo, dependiendo de las circunstancias del caso.
En paralelo, las autoridades valoran si el animal representa un riesgo para la sociedad. Aunque en algunos casos se habla de sacrificio, esta decisión no es automática y solo se determina tras los análisis técnicos y el criterio de especialistas de Senasa.
Finalmente, las autoridades recomiendan denunciar cualquier comportamiento agresivo previo de mascotas y reforzar las medidas de control responsable, especialmente con razas de gran tamaño o historial de agresividad, para prevenir tragedias como las registradas recientemente en el país.
