Sospechas de complicidad policial reavivan polémica por robo de oro en Crucitas y vínculos con redes criminales
La reciente detención de un oficial de la Fuerza Pública en Crucitas de San Carlos, por supuestamente obtener beneficios o permitir la extracción de sedimento con oro, vuelve a colocar en el centro del debate un tema que vecinos y autoridades califican desde hace años como un “secreto a voces”: la posible complicidad de algunos policías con coligalleros y estructuras criminales que operan en la zona.
Habitantes de Crucitas y comunidades cercanas han denunciado reiteradamente aparentes vínculos entre funcionarios y grupos ligados a la extracción ilegal de oro, así como actividades asociadas al tráfico de drogas y al ingreso irregular de migrantes. Entre los cuestionamientos que surgen con frecuencia está el destino del oro decomisado durante operativos y la transparencia de los procedimientos en el terreno.
Mientras tanto, las investigaciones del Ministerio de Seguridad sobre estos hechos han sido señaladas como limitadas por algunos sectores, debido a que han sido pocos los casos de oficiales detenidos por presuntos actos de corrupción en la región norte, pese al crecimiento de la minería ilegal.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abiertas pesquisas para determinar si un grupo de policías de la Fuerza Pública colaboró con organizaciones criminales que financian a coligalleros para extraer oro tanto en Crucitas como en el Cerro Conchuditas, en San Carlos.
El director interino de la Policía Judicial, Michael Soto Rojas, indicó que no se descarta que existieran pagos a oficiales para suministrar información sobre operativos y alertar a los oreros antes de los ingresos policiales.
Según explicó, la fuga de información ha sido un obstáculo constante en las intervenciones, ya que en algunos casos se ha vinculado a uniformados con estos grupos, lo que dificulta frenar la extracción ilegal del mineral.
Además, las organizaciones —tanto nacionales como internacionales— financian vigilantes que se ubican en fincas cercanas para monitorear el movimiento de vehículos y reportar la presencia de patrullas.
En recorridos por sectores como Chamorro, Crucitas y Llano Verde se ha constatado la presencia de personas que vigilan permanentemente los accesos y realizan llamadas cuando detectan movimientos inusuales. Estas “campanas” suelen colocarse en entradas de fincas o en ranchos con teléfonos, desde donde alertan a los coligalleros.
Las estructuras también mantienen vigilancia en la ruta nacional 35, que conecta Los Chiles con Santa Rosa de Pocosol, considerada uno de los principales accesos utilizados por las autoridades. Esto obliga a los cuerpos policiales a ingresar por caminos rurales y de difícil tránsito, lo que puede extender el tiempo de llegada hasta por una hora y dar margen a los mineros ilegales para ocultarse en otras propiedades privadas.
Investigaciones por policías vinculados a delitos en la Zona Norte
Las indagaciones sobre eventuales nexos policiales coinciden con la desarticulación de una organización criminal en la frontera norte, dedicada al tráfico ilícito de migrantes.
El OIJ de Los Chiles y San Carlos, junto con la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas, ejecutó un operativo contra una estructura conocida como “Los Talibanes”, la cual habría contado con la colaboración de al menos cinco policías: cuatro de la Fuerza Pública y uno de la Policía Profesional de Migración.
De acuerdo con la investigación, los oficiales presuntamente brindaban información sobre retenes y operativos en la ruta 35, facilitando el traslado de migrantes nicaragüenses desde zonas fronterizas hacia distintos destinos dentro del país, por montos cercanos a los ?15.000 por persona.
Las autoridades documentaron que, en algunos casos, los uniformados recibían pagos de aproximadamente ?10.000 por cada alerta brindada a la organización criminal.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que contra los funcionarios públicos se valoran medidas cautelares rigurosas, incluida la prisión preventiva, al considerar que existen elementos probatorios suficientes dentro del proceso.
Delitos conexos y estructura criminal
Además del tráfico de personas, al grupo se le atribuyen delitos como robo agravado, infracción a la Ley de Psicotrópicos y hasta un homicidio.
La banda fue desarticulada mediante 51 allanamientos realizados en Los Chiles, Aguas Zarcas y Santa Rosa de Pocosol, donde varios de los policías sospechosos fueron detenidos incluso en sus lugares de trabajo.
Las pesquisas, iniciadas en 2024, permitieron perfilar a los integrantes de la estructura, que incluía vigilantes, transportistas, coordinadores, reclutadores, encargados de ocultamiento y funcionarios que facilitaban información clave. Según el OIJ, la organización captaba migrantes en San Carlos de Nicaragua, los introducía de forma irregular al país y en algunos casos los despojaba de dinero y pertenencias.
Las ganancias mensuales de la red criminal habrían alcanzado hasta los ?70 millones.
Detenciones previas y dinero bajo investigación
En diciembre pasado, tres oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos en el sector de Crucitas luego de que autoridades encontraran una suma millonaria de dinero durante operativos contra la minería ilegal.
Los uniformados portaban ?8.520.000 en efectivo, cuyo origen continúa bajo investigación, y no se descarta que esté vinculado a las intervenciones realizadas en zonas de extracción ilícita.
Durante esos operativos se decomisaron tómbolas, utensilios para minería ilegal y se realizaron múltiples intervenciones en campamentos improvisados dentro del sector. Las autoridades investigan si el dinero fue recibido como parte de actividades ilícitas o si habría sido sustraído de los sitios intervenidos.
El Ministerio de Seguridad confirmó que los funcionarios fueron puestos a la orden de la Fiscalía y que se les abrió un proceso interno para determinar responsabilidades administrativas y penales.
Minería ilegal: un problema ambiental y de seguridad
Las autoridades han reiterado que la minería ilegal en Crucitas no solo representa un grave delito ambiental, sino también un foco de riesgo por la presencia de redes organizadas, ingreso de personas indocumentadas y posibles hechos de violencia vinculados al control del oro.
En zonas de difícil acceso, donde la vigilancia policial y militar ha sido reforzada en distintos momentos, también se han reportado investigaciones a funcionarios por presuntas omisiones o colaboraciones indebidas.
El OIJ y el Ministerio de Seguridad sostienen que el financiamiento de grupos criminales a coligalleros, la vigilancia clandestina de accesos y la posible filtración de información continúan siendo factores que complican el combate efectivo contra la extracción ilegal de oro en Crucitas y sectores cercanos como el Cerro Conchuditas.
con fines ilustrativos