Mujeres ecologistas alzan la voz por daños ambientales con aprobación del gobierno

Colectivas ecologistas alzan la voz contra el avance extractivista y demandan medidas urgentes de protección para mujeres defensoras en Costa Rica y América Latina.

Costa Rica dista de ser el “paraíso verde” que promocionan las campañas turísticas. Detrás del discurso oficial de sostenibilidad, los territorios enfrentan el avance de un modelo extractivista que continúa expandiéndose con el aval del gobierno de Rodrigo Chaves. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, las organizaciones denuncian esta situación y alertan también sobre el incremento de los feminicidios y de la violencia de género en el país durante los últimos cuatro años.

Las colectivas señalan que son las mujeres quienes permanecen en la primera línea de defensa ambiental, asumiendo responsabilidades que corresponden al Estado, el cual —afirman— en muchos casos opta por criminalizar la protesta. Critican políticas públicas que priorizan intereses económicos sobre la vida y que, aseguran, las obligan a resistir frente a múltiples problemáticas: minería no metálica con débil regulación que impacta ríos, uso intensivo de agroquímicos que contamina agua y suelos, expansión de monocultivos, pérdida de semillas criollas y biodiversidad alimentaria, escaso apoyo estatal a proyectos ambientales liderados por mujeres, deficiente gestión de residuos, reducción de recursos para áreas silvestres protegidas, falta de garantías para comunidades indígenas y represamiento de ríos con efectos ecosistémicos y sociales.

Advierten que la amenaza de la minería a cielo abierto continúa latente, especialmente en Crucitas, donde la lucha sigue vigente ante el interés de empresas y la vulnerabilidad de los suelos. Sostienen que este tipo de proyectos implica deforestación, contaminación y desplazamiento de comunidades. Asimismo, cuestionan que las zonas rurales y costeras carguen con rellenos sanitarios y residuos generados en las ciudades, lo que califican como una forma de discriminación territorial.

En las costas, afirman, los planes reguladores y decisiones políticas orientadas al desarrollo turístico facilitan procesos de especulación inmobiliaria, gentrificación y daños ambientales. A esto se suma —según indican— el avance del narcotráfico, que ha incrementado la violencia, el control armado y la inseguridad en comunidades litorales, afectando particularmente a mujeres y jóvenes.

Las organizaciones también visibilizan la situación de mujeres indígenas y recuperadoras de territorios ancestrales en Costa Rica y América Latina, quienes enfrentan amenazas y criminalización. En ese contexto, recuerdan el décimo aniversario del asesinato de Berta Cáceres, lideresa lenca que defendía el río Gualcarque en Honduras y cuyo caso estuvo vinculado al proyecto Agua Zarca.

Además, expresan solidaridad con las mujeres en Gaza, en medio del conflicto con Israel, y manifiestan su oposición al Tratado de Libre Comercio con ese país, acordado por la actual administración y pendiente de ratificación legislativa.

Desde una perspectiva ecofeminista, las agrupaciones sostienen que la defensa del territorio está ligada a la defensa de los cuerpos y la vida. Reafirman que, pese a las amenazas, continúan organizadas y activas en la protección de manglares, arrecifes, bosques y tierras ancestrales.

Entre sus principales demandas destacan:

? No a la minería a cielo abierto, en Crucitas o en cualquier punto del país.

? Justicia ambiental para comunidades rurales y costeras, y fin a su uso como zonas de sacrificio.

? Protección efectiva para mujeres defensoras, con garantías de seguridad y acceso a la justicia.

? Planes reguladores con participación comunitaria y no orientados a la especulación.

? Respeto irrestricto a las Áreas Silvestres Protegidas, como Gandoca-Manzanillo.

? Apoyo estatal a iniciativas ambientales lideradas por mujeres.

? Alto al represamiento de ríos que impacta ecosistemas y comunidades.

El pronunciamiento también rinde homenaje a María del Mar Cordero, ecologista asesinada en 1994 y conocida como “La Guerrera del Golfo Dulce”.

El documento es suscrito por organizaciones como Bloque Verde, Defensores de la Casa Común, Federación Ecologista, Guanadefensoras, Red de Mujeres Costeras y Rurales, Ecobichotas, Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica, Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica por el Océano, Talamanca Siempre Verde y el Frente Ecologista Universitario (FECOU).

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