El gobierno de Estados Unidos volvió a elevar el tono frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al exigir el restablecimiento de la libertad religiosa en Nicaragua y que se permita el regreso al país del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez.
El pronunciamiento se produjo luego de que el alto funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, sostuviera una reunión con el propio monseñor Báez y con sacerdotes nicaragüenses que actualmente viven en el exilio, entre ellos Edwin Román y Juan de Dios García.
Durante el encuentro se abordó la situación que enfrenta la Iglesia católica en Nicaragua, marcada por denuncias de persecución, restricciones a las actividades religiosas y presiones contra líderes eclesiásticos críticos del gobierno.
Denuncias por restricciones religiosas
Según Washington, en los últimos años el gobierno nicaragüense ha intensificado las acciones contra miembros de la Iglesia, incluyendo detenciones de trabajadores religiosos, vigilancia a templos y limitaciones para realizar celebraciones públicas.
Entre las medidas señaladas también figura la prohibición de procesiones durante la temporada de Cuaresma, una tradición profundamente arraigada en la cultura religiosa del país.
Además, el Departamento de Estado denunció que las autoridades han impedido el retorno de monseñor Báez a territorio nicaragüense. El obispo salió del país en 2019 por motivos de seguridad tras recibir amenazas en medio de la crisis política que atraviesa la nación desde 2018.
Báez plantea caminos democráticos
En medio de este escenario, monseñor Báez manifestó que Nicaragua necesita avanzar hacia soluciones pacíficas y democráticas que permitan superar la crisis política y social.
El religioso señaló que es necesario abrir espacios de diálogo, garantizar el respeto a los derechos fundamentales y crear condiciones que permitan a la población expresarse libremente.
Analistas consideran que el tema de la libertad religiosa se ha convertido en uno de los puntos más sensibles en la relación entre Nicaragua y la comunidad internacional, especialmente después de la expulsión de sacerdotes, el cierre de organizaciones religiosas y la detención de figuras vinculadas a la Iglesia.
Mientras tanto, organismos internacionales y gobiernos extranjeros continúan pidiendo al gobierno de Ortega y Murillo que respete las libertades civiles, permita el regreso de líderes religiosos exiliados y garantice el ejercicio pleno de la fe en el país centroamericano.
