Una serie de documentos relacionados con un proceso judicial y acuerdos del Concejo Municipal generaron cuestionamientos sobre actuaciones administrativas dentro de la Municipalidad de San Carlos.
Según la información, el caso se remonta a una conciliación presentada por el alcalde Juan Diego González Picado, la cual buscaba detener un juicio oral y público previsto para el 27 de marzo de 2025. La propuesta fue presentada ante el Concejo Municipal en una sesión ordinaria realizada el 31 de marzo de 2025, donde se autorizó la conciliación vinculada al expediente 23-000029-0951-PE, tramitado ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José.
Posteriormente, el Tribunal Penal revocó esa conciliación y ordenó a la Municipalidad de San Carlos devolver los montos que habían sido depositados por cinco imputados dentro del proceso.
De acuerdo con la resolución judicial emitida el 29 de agosto de 2025, la municipalidad debía reintegrar los recursos en un plazo determinado. Los imputados debían indicar en un plazo de tres días las cuentas bancarias donde recibirían el dinero, y en caso de no hacerlo, el depósito debía realizarse en la cuenta del Tribunal Penal.
En una sesión ordinaria celebrada el 8 de septiembre de 2025, el Concejo Municipal conoció el tema y acordó autorizar a la administración municipal proceder con el reembolso de los montos depositados, además de solicitar un informe detallado sobre los montos devueltos y las fechas de las transacciones.
El caso también provocó debate dentro del propio Concejo. La regidora Luisa Chacón Cascante presentó una moción para contratar un abogado especialista en derecho penal que realizara una investigación externa, técnica e independiente sobre actuaciones de funcionarios municipales relacionadas con el proceso.
La propuesta se fundamentaba en un informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que advertía sobre una posible comisión de delitos administrativos y penales.
Sin embargo, el Concejo Municipal rechazó la moción, al considerar que no existían elementos suficientes para iniciar una investigación externa.
La situación mantiene la atención sobre las decisiones administrativas adoptadas en torno al proceso judicial y el manejo de los recursos depositados durante la conciliación.
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