La investigación que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió contra el excandidato presidencial Álvaro Ramos, tras la difusión de un video en el que participó su hija menor de edad, fue catalogada como “prioridad 1”, la categoría más alta reservada para situaciones de riesgo inminente.
Sin embargo, al mismo tiempo, al menos 327 denuncias con ese mismo nivel de urgencia correspondientes al 2025 permanecían rezagadas hasta febrero de 2026, según datos expuestos ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.
El señalamiento fue realizado este martes por el asesor sindical de la ANEP, Jeffry Hernández Rojas, quien además confirmó que presentó un recurso de amparo para obtener información detallada sobre el manejo del caso.
? Caso sin señales de riesgo extremo
La investigación contra Ramos inició el 17 de diciembre de 2025, luego de que circulara en redes sociales un video donde su hija, durante una actividad privada, emitía un discurso crítico contra el presidente Rodrigo Chaves.
En su intervención, la menor calificó al mandatario como “dictador” y llamó a “derrotar el mal”.
No obstante, según explicó Hernández ante los diputados, la clasificación como prioridad 1 —que implica altísimo riesgo— se aplica únicamente en casos como abuso sexual en curso, violencia intrafamiliar severa, negligencia extrema o amenazas directas contra la vida de una persona menor de edad.
“El propio informe del PANI no describe hechos asociados a violencia, abuso o riesgo inminente”, afirmó el funcionario.
?? Caso fue archivado en enero
Tras una valoración técnica, el PANI decidió archivar la investigación el pasado 6 de enero de 2026.
Previo a esto, la menor fue entrevistada durante aproximadamente dos horas por funcionarios de la institución, según trascendió en enero.
En su momento, la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, defendió la intervención señalando que respondía al deber institucional de proteger derechos como la integridad y la imagen de la persona menor de edad.
?? Rezago en casos urgentes
El aspecto más cuestionado del caso es que, mientras esta investigación fue tramitada como prioridad máxima, cientos de denuncias similares permanecían sin atención oportuna.
De acuerdo con Hernández, los casos clasificados como prioridad 1 deben ser atendidos en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, el rezago alcanzaba 327 expedientes del 2025.
El funcionario atribuyó esta situación a una sobrecarga laboral en la institución, indicando que cerca del 80% de las 59 oficinas locales del PANI presentan atrasos.
No obstante, la jerarca de la entidad ha rechazado que exista un rezago, asegurando que se mantiene un flujo activo de trabajo.
?? Sala IV ordena entregar información
Ante la falta de claridad sobre por qué el caso de la hija de Ramos fue clasificado con el nivel más alto de urgencia, Hernández presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
El recurso fue acogido, por lo que ahora el PANI deberá brindar un informe detallado sobre la investigación, incluyendo la oficina responsable, el personal a cargo y las razones técnicas que justificaron la clasificación.
Por ahora, se está a la espera de esa información, que podría arrojar luz sobre los criterios utilizados por la institución en este polémico caso.
