Denuncias cruzadas, proyectos en duda y posible investigación penal sacuden a la Municipalidad de San Carlos
Un nuevo conflicto interno en la Municipalidad de San Carlos escaló a nivel institucional, luego de que regidores confirmaran que remitirán a la Fiscalía y otros entes de control una serie de denuncias consideradas como “graves”, tras el informe de fin de gestión presentado por la exfuncionaria Tracy Delgado.
El documento, oficializado mediante el oficio MSCAM-DE-0044-2026, expone presuntas irregularidades administrativas, debilidades en el control interno y conflictos laborales que ahora podrían derivar en investigaciones formales.
De aliadas a denunciantes
El caso ha tomado mayor relevancia debido a que tanto Delgado como la actual jefa de Desarrollo Estratégico, Dixie Amores Saborío —señalada en el informe—, habrían sido figuras cercanas a la administración del exalcalde Alfredo Córdoba.
Ambas funcionarias, según fuentes municipales, ocuparon puestos clave en la ejecución de proyectos de alto impacto cantonal y formaron parte del círculo de confianza del exjerarca.
Aunque trascendió que Tracy Delgado habría viajado a España con una delegación municipal, la exfuncionaria dijo a este medio que nunca ha viajado a ese país y tampoco lo hizo con recursos públicos cuando laboró en la Municipalidad.
Hoy, ese vínculo político-administrativo queda en entredicho, en medio de acusaciones cruzadas por presunto acoso laboral e irregularidades en la gestión pública.
Denuncia por acoso y conflicto interno
Uno de los puntos más delicados del informe es la denuncia por supuesto acoso laboral interpuesta por Delgado en agosto de 2025 contra Amores.
Según la exfuncionaria:
- Fue excluida de funciones clave tras regresar de una incapacidad
- Se le retiró acceso a sistemas e información institucional
- Fue trasladada temporalmente a otro departamento sin justificación clara
Además, cuestiona que su denuncia permaneciera archivada durante cerca de siete meses, lo que podría evidenciar fallas en los mecanismos internos de atención.
Cabe recordar que Amores también ha estado en el centro de controversia, tras haber denunciado por acoso laboral a la exalcaldesa Karol Salas, caso que terminó con una condena económica cercana a los 400 millones de colones.
Proyectos bajo la lupa
Más allá del conflicto laboral, el informe apunta a posibles irregularidades en la ejecución de proyectos municipales.
Delgado señala que:
- Algunos proyectos incluidos en el presupuesto 2025 no habrían cumplido con el proceso formal de gestión
- Se utilizó la figura de “proyectos condicionados”, no contemplada en la normativa vigente
- Se habrían aprobado iniciativas con documentación incompleta
Uno de los casos citados es el del Parque Santa Rosa, que habría sido llevado a licitación sin cumplir todos los requisitos previos.
También genera preocupación el estado de obras emblemáticas impulsadas en administraciones anteriores, como el complejo deportivo de Aguas Zarcas, conocido como Caporal, el cual actualmente enfrenta incertidumbre sobre su avance y ejecución.
Riesgos legales y administrativos
El informe advierte que estas prácticas podrían implicar:
- Uso inadecuado de fondos públicos
- Riesgos legales y financieros para el municipio
- Eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales
Ante esto, los regidores anunciaron que trasladarán el caso a instancias como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
El antecedente de Alfredo Córdoba
El contexto político también añade peso al caso. El exalcalde Alfredo Córdoba ha enfrentado procesos judiciales que derivaron en su suspensión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras una condena relacionada con irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Estos antecedentes refuerzan el escrutinio sobre decisiones tomadas durante su administración y sobre el rol de funcionarios cercanos que hoy están bajo cuestionamiento.
Un caso que escala
Lo que inició como un informe interno ahora podría convertirse en un proceso de mayor alcance, con investigaciones externas y eventuales consecuencias judiciales.
Mientras tanto, se espera la posición oficial de la Municipalidad y de las personas señaladas, en un caso que expone no solo conflictos personales, sino posibles fallas estructurales en la gestión pública del cantón.
