Concejo Municipal de San Carlos aprobó conciliación y devolución de fondos en medio de inconsistencias jurídicas
El proceso judicial relacionado con la Municipalidad de San Carlos ha generado cuestionamientos, luego de evidenciarse posibles inconsistencias en la toma de decisiones del Concejo Municipal, tanto en la aprobación de una conciliación como en la posterior autorización para la devolución de fondos a imputados.
El caso se origina en una conciliación presentada por el alcalde Juan Diego González Picado, a través del abogado Juan Carlos Camacho Arroyo, dentro de un proceso penal tramitado ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José. Dicha conciliación fue conocida por el Concejo Municipal en sesión ordinaria del 31 de marzo de 2025, donde se aprobó su homologación en el marco del expediente N.° 23-000029-0951-PE, vinculado a la causa principal 10-000032-0621-PE.
No obstante, según la documentación analizada, esta aprobación se habría realizado sin que el órgano colegiado contara con todos los elementos necesarios para una valoración integral, lo que genera dudas sobre la solidez del acuerdo adoptado en ese momento.
El ex regidor Carlos Corella, ha estado detrás de esta investigación por más de 16 años y asegura que hay una presunta red de cuido dentro de la misma municipalidad de San Carlos .
Ademas, una presunta inducción a error al concejo municipal que desconoce detalles de este proceso judicial
Posteriormente, el 29 de agosto de 2025, el Tribunal Penal resolvió revocar las conciliaciones previamente planteadas, ordenando a la Municipalidad de San Carlos la devolución de los dineros que habían sido depositados por cinco imputados en cuentas institucionales. La resolución fijó un plazo de ocho días hábiles para efectuar los reembolsos, así como un periodo de tres días para que los imputados indicaran las cuentas bancarias correspondientes; en caso contrario, los fondos debían consignarse a la cuenta del propio Tribunal.
Pese a esta resolución judicial, el Concejo Municipal, en sesión ordinaria del 8 de septiembre de 2025, aprobó un acuerdo autorizando a la administración municipal a proceder con la devolución de dichos montos. Asimismo, se instruyó a la administración informar posteriormente sobre las sumas reembolsadas y las fechas en que se realizarían las transacciones.
Sin embargo, se señala que el Concejo habría adoptado esta decisión sin pleno conocimiento del contenido de la resolución del Tribunal que revocaba la conciliación, lo que podría haber incidido directamente en la legalidad y oportunidad del acuerdo.
En paralelo, durante esa misma sesión, fue rechazada una moción presentada por la regidora Luisa Chacón Caamaño, la cual proponía la contratación de un abogado especializado en derecho penal para realizar una investigación externa, técnica e independiente sobre los hechos. Esta iniciativa se sustentaba en un informe jurídico que advertía sobre la posible comisión de irregularidades de carácter administrativo y penal.
El rechazo de dicha moción, sin que mediara un análisis técnico adicional, ha sido señalado como una limitación para que el Concejo pudiera contar con mayores elementos de juicio al momento de tomar decisiones en un caso de alta complejidad legal. Incluso, se advierte que esta situación podría propiciar la repetición de errores ocurridos en periodos anteriores.
El conjunto de estos hechos evidencia posibles debilidades en la coordinación entre la administración municipal y el Concejo, así como en los mecanismos de acceso a información jurídica oportuna. Esto adquiere especial relevancia al tratarse de decisiones que involucran recursos públicos y procesos judiciales en curso.
La situación abre el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles internos, la asesoría legal y la transparencia en la toma de decisiones dentro del gobierno local de San Carlos.
Los hechos investigados se remontan a contrataciones realizadas entre 2008 y 2010 para la extracción y acarreo de materiales, que habrían superado los ?108 millones. Según una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República, se habrían adjudicado al menos 17 licitaciones a empresas vinculadas con familiares de una funcionaria municipal, lo que habría motivado la investigación penal.
El tema cobra relevancia debido a que se mantiene un caso de presunto peculado y delitos contra los deberes de la función pública en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, relacionado con contrataciones efectuadas años atrás en la Municipalidad de San Carlos. En el proceso figuran como imputados varios exfuncionarios municipales, entre ellos Campos Zamora, excoordinadora de proveeduría; Hernández Vásquez, exingeniero municipal; y Rojas, funcionario de proveeduría que actualmente continúa laborando para el municipio. También están acusados el empresario Óscar Campos Cordero, propietario de Excavaciones Campos Zamora S.A., y Donald Cruz Araya, quienes presuntamente habrían participado en el esquema investigado por el Ministerio Público.
