La Sala Constitucional de Costa Rica emitió una resolución que obliga a varias instituciones del Estado a tomar medidas inmediatas para enfrentar la minería ilegal en Crucitas, en San Carlos, una problemática que por años ha generado impactos ambientales, sociales y de seguridad en la frontera norte del país.
El fallo se da tras acoger parcialmente un recurso de amparo que señalaba omisiones del Estado en la protección del ambiente, la salud de las personas y el acceso al agua potable en comunidades cercanas a la zona minera.
Medidas urgentes ordenadas
Entre las principales disposiciones, el tribunal instruyó al Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica a mantener una presencia policial permanente en Crucitas, así como reforzar los controles en la franja fronteriza. La medida responde al aumento de actividades ilegales vinculadas a la extracción de oro, muchas de ellas asociadas a grupos organizados y al ingreso irregular de personas.
Además, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas, en medio de denuncias por contaminación de fuentes hídricas debido al uso de químicos como el mercurio en la minería artesanal ilegal.
El AyA también tendrá un plazo máximo de 18 meses para ejecutar un proyecto de abastecimiento que permita mejorar de forma sostenible el acceso al agua en la zona, una de las principales preocupaciones de los vecinos.
Problema persistente en la frontera norte
La situación en Crucitas no es nueva. Desde el cierre del proyecto minero industrial hace más de una década, la zona ha sido tomada por coligalleros que extraen oro de forma ilegal, provocando deforestación, contaminación de ríos y un deterioro progresivo del entorno natural.
A esto se suma la complejidad social y de seguridad: la actividad ha atraído a grupos organizados, generando conflictos, violencia y presión sobre las comunidades locales, así como un reto constante para las autoridades en materia migratoria y de control territorial.
Llamado a la acción institucional
Con esta resolución, la Sala Constitucional busca obligar a las instituciones a actuar de forma coordinada y sostenida, dejando claro que la inacción estatal no puede continuar frente a una problemática que afecta derechos fundamentales.
El fallo representa un nuevo intento por contener una crisis que sigue latente en la zona norte y que, pese a múltiples operativos y anuncios a lo largo de los años, no ha logrado ser erradicada.
