Piedra a piedra: comunidades denuncian deterioro de ríos mientras crece la extracción de materiales
Fuente: Adaptación periodística con base en publicación de Semanario Universidad
En distintas regiones de Costa Rica, comunidades organizadas alzan la voz ante lo que consideran un deterioro acelerado de los ecosistemas fluviales, provocado por la extracción de materiales como arena y piedra bajo concesiones legales. La preocupación, que lleva años acumulándose, apunta tanto al impacto ambiental como a la falta de respuesta institucional.
Uno de los casos más visibles se ubica en Upala, donde vecinos de Maquengal denuncian la transformación del río Frío, un afluente clave para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro. Según líderes comunales, la actividad extractiva ha modificado el cauce, reducido la profundidad y eliminado zonas de recreación y reproducción de especies acuáticas.
“El río pasó de ser un atractivo natural a convertirse en un cauce erosionado, sin vida”, relatan vecinos que aseguran haber perdido espacios turísticos, pesca y hasta terrenos productivos por el avance de paredones en las riberas.
Impacto que se repite en otras zonas
La situación no es aislada. En la Zona Norte, pobladores también señalan afectaciones en otros ríos como el río Aguas Zarcas, el río Javillos y el río San Carlos, donde la extracción en vados ha alterado la dinámica natural de los cauces.
En estos puntos, la remoción constante de material ha generado cambios en la profundidad, aumento de la sedimentación y debilitamiento de las orillas, lo que incrementa el riesgo para comunidades cercanas, infraestructura vial y actividades productivas como la ganadería.
Especialistas advierten que la eliminación de piedras y sedimentos modifica el equilibrio del río, afectando directamente la biodiversidad y procesos como la reproducción de peces.
Un modelo legal bajo cuestionamiento
De acuerdo con investigadores del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el problema radica en un sistema de concesiones que permite la explotación por largos periodos, incluso de hasta 35 años, en tramos extensos de los ríos.
Aunque la legislación establece que el agua es un bien de dominio público, también autoriza su aprovechamiento mediante permisos otorgados por el Estado. Para organizaciones comunitarias, este modelo ha facilitado una “privatización de facto” del recurso hídrico.
A esto se suma el bajo canon que pagan las empresas por metro cúbico extraído, en contraste con el alto valor comercial del material en el mercado.
Reclamos sin respuesta clara
Pese a las múltiples denuncias, comunidades aseguran que las respuestas institucionales han sido limitadas. El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sostiene que las concesiones se otorgan bajo criterios técnicos y estudios de impacto ambiental, además de señalar que existen programas de restauración.
Sin embargo, líderes comunales cuestionan la efectividad de estas acciones y aseguran que, en décadas de actividad extractiva, no han observado procesos reales de recuperación ambiental.
Entre el desgaste y la resistencia
En comunidades como Maquengal, el desgaste social es evidente. Vecinos denuncian presiones, amenazas y temor por enfrentar intereses económicos vinculados a la actividad extractiva. Aun así, algunos continúan organizados en defensa de los ríos.
La principal demanda es clara: detener nuevas concesiones y establecer medidas más estrictas que prioricen la protección de los ecosistemas.
Mientras tanto, en distintos puntos del país, los ríos siguen cambiando su curso —literal y figuradamente— en medio de un conflicto donde el desarrollo económico y la conservación ambiental continúan en tensión.
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