La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que su gobierno intensificará las acciones contra la minería ilegal en Crucitas y afirmó que no permitirá que continúe el robo de oro en la zona norte del país, una problemática que las autoridades relacionan con estructuras del crimen organizado.
Durante una actividad centrada en seguridad nacional y lucha contra bandas criminales, la mandataria lanzó un mensaje contundente sobre la situación en Crucitas, al señalar que el Estado no puede seguir tolerando el saqueo de recursos naturales ni las actividades ilícitas alrededor de la extracción de oro.
“Yo no voy a consentir que sigan robando el oro en Crucitas”, expresó Fernández, al tiempo que denunció que parte del mineral extraído ilegalmente estaría siendo movilizado hacia Nicaragua mediante rutas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales.
Visita a Crucitas con diputados
Como parte de las medidas para visibilizar la problemática, la presidenta anunció una visita de campo a Crucitas el próximo 19 de junio e invitó a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para que conozcan de cerca la realidad que vive la zona.
Según explicó, el objetivo es que los legisladores observen directamente el impacto ambiental, económico y de seguridad generado por la minería ilegal.
“Quiero que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí, con el desastre ambiental, económico y de seguridad que afecta a la zona norte del país”, manifestó.
Oro ilegal y crimen organizado
La situación de Crucitas ha generado creciente preocupación por las denuncias de que grupos del crimen organizado estarían aprovechando la extracción ilegal de oro como una fuente de financiamiento, utilizando pasos no habilitados en la frontera norte para mover mineral, químicos y personas.
Recientemente, el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, advirtió sobre los riesgos que enfrenta Costa Rica ante el fortalecimiento de redes criminales transnacionales y la falta de control en sectores fronterizos.
Entre las mayores preocupaciones figura la presencia e influencia de grupos vinculados al narcotráfico y otros delitos que operan entre Costa Rica y Nicaragua. Uno de los nombres que más preocupa a las autoridades es el de Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, considerado uno de los criminales más buscados del país.
De acuerdo con informes de seguridad, alias “Diablo” presuntamente habría encontrado refugio en Nicaragua, desde donde seguiría coordinando actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, sicariato y operaciones criminales en la zona norte costarricense.
Las autoridades también han señalado que las ganancias provenientes del oro ilegal podrían estar fortaleciendo economías criminales que operan en territorios fronterizos, aumentando los niveles de violencia e inseguridad en comunidades cercanas a Crucitas.
El tema ha reabierto el debate nacional sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en la frontera norte, combatir las redes que se benefician de la minería ilegal y frenar el daño ambiental provocado por miles de coligalleros que permanecen en la zona minera.
