La propuesta del Gobierno de Costa Rica para permitir la explotación de oro en Crucitas, San Carlos, no solo ha abierto un fuerte debate ambiental y de seguridad, sino también una pregunta clave: ¿cuánto dinero realmente quedaría para el país y para las comunidades cercanas a la mina?
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo de la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, bajo el expediente legislativo 24.717, plantea un régimen especial para permitir la exploración y explotación de oro únicamente en Crucitas de Cutris, una zona marcada desde hace años por minería ilegal, deforestación, violencia y tráfico clandestino del metal.
Sin embargo, uno de los puntos más discutidos es el porcentaje económico que recibirían el Estado, la Municipalidad de San Carlos y las comunidades, frente a las ganancias multimillonarias que podría generar la extracción del oro.
El corazón del debate: ¿qué porcentaje recibiría Costa Rica?
El proyecto establece un canon o regalía mínima del 5% sobre el valor bruto del oro extraído, es decir, sobre el valor total de venta del mineral antes de descontar gastos de operación.
Ese porcentaje se repartiría de la siguiente forma:
- 72% para el Gobierno Central
- 25% para municipalidades
- 3% para asociaciones de desarrollo comunal
En otras palabras, de cada ?100 recaudados por regalías mineras:
- 72 colones serían para el Gobierno Central.
- 25 colones para municipalidades.
- 3 colones para organizaciones comunales.
No obstante, aquí surge una de las mayores confusiones del debate: ese 25% municipal no corresponde al total del oro extraído, sino únicamente a una parte de la regalía del 5%.
Un ejemplo práctico
Si una eventual mina generara ?100 mil millones por venta de oro, el cálculo sería el siguiente:
- Primero se cobra la regalía del 5%:
5 mil millones de colones - Ese monto luego se distribuye:
- Gobierno Central: 3.600 millones de colones
- Municipalidades: 1.250 millones
- Asociaciones de desarrollo: 150 millones
Esto significa que las municipalidades recibirían cerca de 1,25% del valor bruto total del oro vendido, si se mantiene el texto actual del proyecto.
¿Mucho o poco dinero?
La cifra ha generado posiciones encontradas.
Desde el Gobierno se argumenta que el beneficio económico no debe medirse únicamente por la regalía minera, ya que también habría ingresos por:
- Impuesto sobre utilidades.
- Pago de cargas sociales.
- Patentes municipales.
- Contratación de trabajadores.
- Compra de bienes y servicios locales.
La tesis oficial es que Costa Rica actualmente pierde millones porque el oro ya está saliendo de manera ilegal, sin control estatal ni beneficios económicos para las comunidades.
“El oro ya se lo están llevando, pero el país no recibe nada”, ha sido una de las ideas reiteradas por el Ejecutivo al defender la propuesta.
El reclamo desde San Carlos
No obstante, sectores locales consideran insuficiente la participación económica planteada.
Algunas voces del cantón sancarleño han cuestionado si una zona que asumiría impactos ambientales, presión migratoria, seguridad y desgaste de infraestructura debería conformarse con un porcentaje relativamente pequeño frente al valor total del negocio.
El debate ha llevado incluso a propuestas para aumentar el porcentaje que quedaría directamente en el territorio.
Algunos actores locales han sugerido elevar considerablemente el canon municipal o crear un fondo especial para Cutris y San Carlos que permita financiar:
- Seguridad.
- Caminos.
- Servicios públicos.
- Atención social.
- Protección ambiental.
Un negocio multimillonario rodeado de polémica
El valor del oro en Crucitas es una de las grandes incógnitas. Estudios realizados años atrás durante el fallido proyecto minero estimaron millones de onzas de oro en la zona, aunque cualquier cifra final dependería de nuevos estudios geológicos y del precio internacional del metal.
Para críticos del proyecto, permitir minería metálica representa un retroceso ambiental para un país que prohibió esta actividad en 2010.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que mantener la prohibición ha permitido el crecimiento de una minería ilegal descontrolada, con tala de bosque, uso de mercurio, violencia y presencia de grupos criminales.
La gran pregunta que ahora divide opiniones es directa: ¿vale la pena abrir la puerta a una minería legal en Crucitas si el país y San Carlos solo recibirían una fracción del negocio, o es preferible mantener la prohibición y reforzar el combate contra la extracción ilegal?
El debate apenas comienza en la corriente legislativa, pero desde ya enfrenta dos visiones opuestas del futuro de Crucitas: la del oro como motor económico o la del riesgo ambiental como línea roja que Costa Rica no debería cruzar.
