Un nuevo proyecto de ley impulsado por la Municipalidad de San Carlos podría transformar radicalmente la forma en que se cobran las patentes comerciales en el cantón, ampliando los impuestos, endureciendo las sanciones y sometiendo a mayor fiscalización a miles de actividades económicas, incluyendo profesionales independientes, comercios digitales y empresas de otros cantones que trabajen en territorio sancarleño.
El documento denominado “Ley de Impuestos e Incentivos de la Municipalidad de San Carlos”, propone reformar la actual legislación de patentes al considerar que ya no responde a la realidad económica del cantón y busca ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión y aumentar la recaudación municipal.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es que prácticamente toda actividad lucrativa, profesional, artística o comercial pasaría a estar sujeta al pago de patente municipal, incluso aquellas sin local físico, como ventas por internet, comercio electrónico y servicios profesionales independientes. La propuesta incluye desde agricultura, ganadería y construcción hasta actividades tecnológicas, telecomunicaciones, salud, enseñanza y servicios digitales.
Además, el plan establece que empresas de otros cantones que ingresen a prestar servicios en San Carlos deberán inscribirse y pagar permisos temporales desde la primera contratación, incluso antes de iniciar operaciones, algo que podría impactar proyectos de obra pública y contratación de proveedores externos.
La iniciativa también contempla más poder de fiscalización para la Municipalidad, permitiendo cruces de información con instituciones como Hacienda, CCSS, INS, bancos y otras entidades públicas para verificar datos tributarios y detectar inconsistencias.
Otro aspecto que podría generar controversia es el endurecimiento de sanciones. El proyecto plantea multas por no solicitar patente, castigos económicos por declaraciones tardías y hasta el cierre temporal de negocios por morosidad o incumplimientos, con apoyo de cuerpos policiales si fuera necesario. Incluso, la licencia comercial podría suspenderse tras seis meses consecutivos de atraso en pagos.
La propuesta también incorpora un nuevo impuesto sobre rótulos y publicidad exterior, obligando a negocios a tramitar una licencia adicional y pagar montos anuales según el tamaño de sus anuncios comerciales.
Mientras la Municipalidad sostiene que la reforma pretende modernizar el sistema tributario, reducir evasión y atraer inversiones al cantón mediante incentivos empresariales, el texto ya comienza a despertar interrogantes: ¿se trata de un avance hacia un sistema más justo o de una mayor carga para comerciantes, emprendedores y pequeños negocios?
