#REPORTAJE | Aprobación del Área Silvestre Protegida del Embalse Arenal: ¿qué significa para la Zona Norte y cómo impactará a las comunidades?
Por años, el lago Arenal ha sido mucho más que un atractivo turístico para Costa Rica. Sus aguas alimentan el sistema hidroeléctrico nacional, impulsan el turismo, sostienen ecosistemas de alto valor ambiental y forman parte de la identidad de decenas de comunidades de la Zona Norte y Guanacaste. Ahora, tras la aprobación legislativa del expediente N.° 22.981, el país apuesta por fortalecer su protección y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.
Con 54 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto denominado “Ley de Creación del Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal y Fomento de Actividades Asociadas al Uso Sostenible en su Zona de Amortiguamiento”, una iniciativa que busca proteger el entorno natural del embalse sin detener el desarrollo económico de las comunidades cercanas.
La decisión representa un paso importante para una de las regiones con mayor riqueza natural del país, particularmente para sectores vinculados a los cantones de Tilarán, San Carlos y comunidades ubicadas alrededor del embalse.
¿Qué busca proteger la ley?
El proyecto establece una nueva categoría de protección para el embalse Arenal, incluyendo el espejo de agua y áreas vinculadas a su conservación. La intención es preservar los recursos naturales, el paisaje escénico y la biodiversidad, evitando deterioros ambientales derivados de actividades desordenadas o de alto impacto.
El embalse Arenal es considerado una pieza estratégica para Costa Rica. Además de ser un atractivo para miles de visitantes nacionales y extranjeros, cumple una función vital en la producción de energía hidroeléctrica, el equilibrio hídrico regional y la conservación de especies silvestres.
La ley pretende garantizar que el desarrollo de la zona ocurra bajo reglas claras y sostenibles, permitiendo actividades compatibles con el ambiente, en lugar de modelos de crecimiento que puedan comprometer los ecosistemas.
El gran reto: conservar sin frenar el desarrollo
Uno de los principales argumentos detrás de esta legislación es lograr un equilibrio entre conservación y economía local.
Durante años, algunos sectores han manifestado preocupación por el riesgo de restricciones absolutas sobre el uso del territorio; sin embargo, el proyecto contempla una zona de amortiguamiento, donde podrán continuar desarrollándose actividades económicas sostenibles, siempre que sean compatibles con la protección ambiental.
Esto significa que emprendimientos ligados al turismo rural, hospedajes, gastronomía, deportes acuáticos, recorridos ecológicos, observación de aves, pesca regulada, proyectos agrícolas sostenibles y pequeños negocios comunitarios podrían verse fortalecidos.
La iniciativa también impulsa un modelo de aprovechamiento responsable de los recursos naturales, evitando impactos negativos que puedan comprometer el futuro económico de las comunidades.
Beneficios para la Zona Norte
La aprobación del expediente 22.981 abre una expectativa positiva para decenas de poblados que históricamente han dependido del turismo y de actividades económicas relacionadas con el lago.
Más turismo y dinamización económica
Uno de los sectores que podría verse más favorecido es el turismo. El reconocimiento del paisaje protegido puede aumentar el atractivo del destino para visitantes nacionales e internacionales interesados en ecoturismo y experiencias naturales.
Empresas de tours, hoteles, cabinas, restaurantes, guías turísticos, sodas y pequeños emprendedores podrían beneficiarse de un aumento en la visitación y de una imagen fortalecida del embalse como destino ecológico.
Comunidades cercanas al lago podrían potenciar actividades como:
• Kayak y deportes acuáticos
• Senderismo y observación de aves
• Turismo rural comunitario
• Hospedajes ecológicos
• Gastronomía local
• Actividades culturales y recreativas
2. Conservación del agua y protección ambiental
Otro de los beneficios más importantes es la protección del recurso hídrico.
El embalse Arenal no solo tiene valor turístico; también es esencial para la producción energética del país y el equilibrio ecológico regional. Su conservación contribuye a mantener la calidad del agua, proteger humedales y resguardar hábitats de especies silvestres.
Expertos han señalado que la protección de paisajes naturales permite reducir impactos ambientales derivados de malas prácticas, expansión desordenada y deterioro del ecosistema.
3. Mayor seguridad para inversiones sostenibles
La nueva legislación también podría brindar seguridad jurídica a inversionistas interesados en proyectos sostenibles.
Con reglas claras sobre el uso del territorio, empresarios y emprendedores tendrían un marco definido para desarrollar actividades compatibles con la conservación, generando empleo y movimiento económico local.
4. Impulso a pequeños emprendedores
Uno de los principales beneficiados podrían ser las familias que viven del turismo y servicios alrededor del lago.
El fortalecimiento de la imagen ambiental del embalse podría traducirse en más visitantes para hoteles familiares, sodas, comercios, artesanos, pescadores regulados y emprendimientos rurales.
Un paisaje emblemático bajo protección
El lago Arenal no solo representa una postal natural de Costa Rica. También forma parte de la historia de comunidades que crecieron alrededor de sus aguas, especialmente luego de la construcción del embalse y el traslado de poblaciones décadas atrás.
Su importancia ambiental, económica y social convierte esta aprobación legislativa en un tema de interés nacional, especialmente para la Zona Norte, donde el turismo de naturaleza y el desarrollo rural son pilares económicos.
Aunque la ley aún deberá avanzar en su implementación y definición de regulaciones específicas, comunidades y sectores turísticos observan con expectativa los alcances de esta nueva etapa.
Para muchos, el reto ahora será demostrar que es posible proteger uno de los paisajes más emblemáticos del país mientras se generan oportunidades reales de empleo, inversión y crecimiento sostenible para las familias de la región.
